Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.
La
hipótesis planteada por Jorge Zepeda Patterson sobre Claudia Sheinbaum
constituye uno de los análisis más sofisticados y polémicos del momento
político mexicano. El planteamiento rompe deliberadamente con el enfoque
binario que domina la discusión pública.
La
pregunta ya no sería si la Presidenta protege o no a Rubén Rocha Moya, sino si
está utilizando la presión estadounidense como instrumento de reconfiguración
interna del poder mexicano.
La tesis
sostiene que Sheinbaum no actuaría como encubridora, sino como administradora
de una transición controlada del régimen. En otras palabras, la presión de
Estados Unidos no sería únicamente una amenaza externa, sino también una
herramienta útil para depurar estructuras políticas, criminales y burocráticas
que históricamente han coexistido dentro del sistema mexicano.
El
argumento parte de una premisa estratégica: el Estado mexicano no podía
producir internamente pruebas suficientes contra figuras políticas, militares o
empresariales presuntamente vinculadas con el crimen organizado. Los pactos de
silencio, la corrupción estructural, la infiltración institucional y el riesgo
operativo hacían prácticamente imposible una depuración desde dentro.
Bajo esa
lógica, las extradiciones masivas y la cooperación judicial con Washington
funcionarían como un mecanismo indirecto para generar testimonios, evidencia y
presión política.
La
columna sugiere así una especie de “depuración asistida externamente”, donde
Estados Unidos se convierte simultáneamente en generador de evidencia, presión
legitimadora y catalizador de reconfiguración institucional.
El
razonamiento no carece de lógica histórica. Existen antecedentes comparables en
Italia durante la lucha contra la mafia, en Colombia durante la era de los
extraditables, en Guatemala con la CICIG e incluso en ciertos episodios de la
operación Lava Jato en Brasil. En todos esos casos, las estructuras internas de
poder sólo comenzaron a fracturarse cuando intervino una presión
extraordinaria, ya fuera internacional, judicial o mediática.
La lógica
política que describe Zepeda puede resumirse como una estrategia de “judo
político”. Estados Unidos incrementa la presión; Morena no puede resistir
indefinidamente; Sheinbaum aprovecha esa presión para avanzar una depuración
gradual sin aparecer como traidora del movimiento. La defensa verbal de Rocha
Moya serviría entonces como blindaje simbólico frente a la base obradorista,
mientras en los hechos se estrecha el cerco institucional.
La
Presidenta buscaría evitar una ruptura frontal que fracture al oficialismo y
desencadene resistencias internas dentro de Morena, de los gobiernos estatales
o incluso de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad.
La tesis
tiene coherencia porque Morena no es solamente un partido político: es al mismo
tiempo gobierno, movimiento social y coalición territorial. Una purga abierta
podría producir fracturas de enorme magnitud. Sheinbaum necesita administrar
tiempos, daños, sucesiones y resistencias. Bajo esa óptica, la estrategia
consistiría en sacrificar piezas específicas para preservar la estabilidad
general del régimen.
Sin
embargo, el análisis de Zepeda también presenta un problema central:
probablemente romantiza la capacidad de control presidencial. Una vez que
intervienen fiscales estadounidenses, testigos protegidos, agencias federales
norteamericanas, cortes federales y mecanismos de inteligencia compartida, el
proceso deja de pertenecer completamente al Estado mexicano.
Washington
no opera bajo criterios de estabilidad política mexicana, sino bajo sus propios
intereses de seguridad nacional, control fronterizo, combate al fentanilo y
presión electoral interna.
Ahí
emerge el principal riesgo estratégico. Lo que aparece como una depuración
controlada podría transformarse en una pérdida progresiva de soberanía. La
historia latinoamericana muestra que las “depuraciones asistidas” rara vez
permanecen limitadas. Tienden a expandirse, a escalar institucionalmente y a
producir efectos impredecibles.
Ese
riesgo aumenta considerablemente bajo la figura de Donald Trump. Trump combina
en un solo discurso narcotráfico, migración, terrorismo y seguridad fronteriza.
Esa narrativa puede justificar sanciones financieras, operaciones encubiertas,
inteligencia extraterritorial, presión militar indirecta e incluso eventuales
designaciones terroristas contra grupos criminales mexicanos. El problema
histórico es que Estados Unidos rara vez acepta límites una vez que obtiene
capacidad de intervención.
Por ello,
la verdadera discusión no gira solamente alrededor de Rocha Moya o de posibles
vínculos criminales dentro de Morena. El debate de fondo es mucho más profundo:
el agotamiento del viejo pacto político-criminal que durante décadas sostuvo
parte de la gobernabilidad territorial mexicana. La guerra contra el
narcotráfico alteró ese equilibrio, pero nunca logró desmontar completamente
las relaciones estructurales entre crimen organizado, élites políticas y
sectores de seguridad.
La
columna revela además otro fenómeno silencioso: la transición del obradorismo
ideológico hacia un sheinbaumismo pragmático-tecnocrático. Andrés Manuel López
Obrador gobernó apoyado en legitimidad popular, confrontación narrativa y
centralización carismática del poder.
Sheinbaum
enfrenta otra realidad: presión geopolítica, dependencia comercial respecto de
Estados Unidos, crisis de seguridad y fragilidad económica. Su margen de
maniobra es más estrecho y más técnico. Por ello, el modelo de gobernabilidad
necesariamente debe modificarse.
No
obstante, el punto más débil de la tesis permanece intacto. Si México necesita
que Estados Unidos produzca pruebas contra sus propias élites políticas y
criminales, la pregunta inevitable es qué revela eso sobre la soberanía
institucional mexicana.
El
razonamiento corre el riesgo de normalizar una dependencia judicial y de
inteligencia externa para resolver problemas internos del Estado. Y esa
normalización erosiona precisamente el concepto de soberanía que el discurso
oficial afirma defender.
En
términos prospectivos, pueden visualizarse tres escenarios.
El
primero sería una depuración controlada: Sheinbaum sacrifica figuras
específicas, mantiene cohesionada a Morena y reconstruye legitimidad
institucional.
El
segundo escenario sería un efecto dominó: las declaraciones de testigos
protegidos escalan hacia gobernadores, militares, empresarios y operadores
electorales, provocando una crisis política de grandes dimensiones.
El
tercero, probablemente el más realista, sería una simulación controlada:
algunas figuras son entregadas, ciertos núcleos estratégicos permanecen intactos
y el sistema administra daños sin alterar sus estructuras profundas.
En
conclusión, la tesis de Zepeda Patterson es intelectualmente brillante porque
introduce lógica geopolítica y entiende el conflicto como una disputa de poder
más que como un simple problema moral.
Sin
embargo, también es riesgosa porque sobreestima la capacidad de control
presidencial, subestima la expansión del poder estadounidense y legitima
implícitamente una dependencia externa para sanear estructuras internas.
La
pregunta decisiva del sexenio no será si Claudia Sheinbaum encubre o limpia. La
verdadera interrogante estratégica es otra: ¿puede el Estado mexicano depurarse
sin perder soberanía en el proceso? .
En esa
tensión se jugará no sólo el futuro de Morena, sino también el rediseño del
régimen político mexicano en la próxima década.
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