Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.
Reforma electoral, sobrerrepresentación y el ajedrez político que hoy define el equilibrio del poder en México.
En política, las reformas institucionales no fracasan necesariamente por su contenido, sino por la falta de construcción de consensos.
Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que, en lugar de avanzar como el siguiente paso del llamado “Plan C”, ha terminado por entrar en un laberinto parlamentario.
El problema no radica únicamente en los temas que la reforma propone discutir —muchos de ellos legítimos dentro del debate democrático— sino en la manera en que se intentó conducir el proceso político que debía sostenerla.
Todo partido en el gobierno tiene derecho a plantear una reforma electoral que responda a los problemas que observa en el funcionamiento del sistema.
En México existen, además, demandas sociales persistentes: el alto costo de las campañas, el papel de los partidos satélite dentro de las coaliciones, la eficacia del árbitro electoral, la posible reducción del tamaño de las cámaras legislativas y, no menos importante, la necesidad de establecer mecanismos más firmes contra la infiltración del crimen organizado en la política.
Todos estos temas podían haber sido la base de una reforma electoral amplia y consensuada. Sin embargo, lo que debía ser un ejercicio de construcción política terminó convirtiéndose en un episodio de insuficiente operación parlamentaria.
El factor Beltrones.
En ese escenario apareció un actor que no figuraba en el guion original del oficialismo: el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, un político formado en la escuela clásica del parlamentarismo mexicano.
Con la experiencia de quien conoce los ritmos y las reglas del Congreso, Beltrones colocó en el centro del debate el tema más incómodo para el bloque gobernante: la sobrerrepresentación legislativa.
Su movimiento no fue meramente discursivo. El senador anunció una iniciativa para reformar el Artículo 54 constitucional, con el objetivo de cerrar los espacios legales que hoy permiten que una coalición con alrededor del 40 o 50 por ciento de la votación nacional termine controlando hasta tres cuartas partes del Congreso.
La propuesta busca blindar el principio de representación proporcional para que el número de legisladores refleje con mayor fidelidad el voto ciudadano.
En otras palabras, impedir que las mayorías parlamentarias se construyan mediante ingeniería electoral, más que por la voluntad directa de los electores.
El dilema de Palacio Nacional.
Desde el oficialismo se ha intentado descalificar estas críticas presentándolas como la resistencia de figuras del pasado político. Sin embargo, la realidad parlamentaria es más compleja.
La iniciativa de Beltrones ha logrado articular un punto de convergencia entre fuerzas que, hasta hace poco, parecían incapaces de construir una agenda común: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.
Pero el dato políticamente más relevante no está sólo en la oposición.
También dentro de la propia coalición gobernante comienzan a aparecer inquietudes. Partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México saben que un sistema dominado por un solo partido mayoritario puede terminar reduciendo su margen de autonomía política.
En ese contexto, la reforma electoral dejó de ser una iniciativa presidencial para convertirse en un campo de negociación legislativa.
El arte de negociar.
La política parlamentaria tiene una lógica elemental: las reformas duraderas se construyen con acuerdos amplios.
La historia legislativa mexicana demuestra que los grandes cambios institucionales —desde la reforma política de 1977 hasta las reformas electorales de los años noventa— fueron posibles porque se integraron aportaciones de distintos actores políticos.
Cuando una reforma se intenta imponer exclusivamente desde la mayoría, suele encontrarse con resistencias que terminan debilitando su viabilidad.
Por eso, más que un simple debate técnico, lo que hoy se discute en torno a la reforma electoral es la forma en que el poder decide relacionarse con la pluralidad política del país.
El desenlace probable.
Aunque algunos observadores anticipan un rechazo frontal de la oposición, la hipótesis más realista apunta hacia otro desenlace: una reforma negociada.
Si finalmente la iniciativa logra avanzar en el Congreso, difícilmente será el texto original enviado desde el Ejecutivo.
Lo más probable es que emerja una versión híbrida, producto de ajustes, concesiones y acuerdos entre distintas fuerzas políticas.
En ese proceso, la experiencia parlamentaria de Manlio Fabio Beltrones puede convertirse en un factor decisivo para establecer límites a la concentración del poder legislativo.
Democracia o burbuja de mayorías ficticias.
Al final del día, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una decisión que va más allá de una reforma específica.
Debe decidir si conduce al país por la vía democrática del consenso, administrando acuerdos con toda la clase política y reconociendo que el Congreso es, por naturaleza, un espacio de negociación plural.
O si prefiere refugiarse en la burbuja de las mayorías ficticias, confiando en que las reglas actuales sigan produciendo sobrerrepresentaciones capaces de garantizar el control legislativo.
La diferencia entre ambos caminos es profunda.
En el primero, la democracia se fortalece mediante el equilibrio entre poder y representación.
En el segundo, el sistema corre el riesgo de convertir al Congreso en una simple oficina de trámite del Ejecutivo.
La reforma electoral, en ese sentido, ya dejó de ser un debate técnico.
Se ha convertido en una prueba política sobre el tipo de democracia que México quiere preservar en los próximos años.
