Maestro Francisco Javier Aragón Salcido
EL ASUNTO ES MAS GRAVE
DE LO QUE PARECE. - ¿Estamos inmersos en un callejón sin salida? Una cosa es ir a una marcha,
un mitin, ir a votar un domingo, o hacer cola para recibir la pensión, y otra
muy distinta desafíar a la Democracia Hegemónica Global.
Nosotros
en Sonora padecemos el cierre de la frontera al ganado, y sabemos muy bien cuáles son las
consecuencias inmediatas de no aceptar las reglas del juego de nuestro grande y
poderoso vecino.
HAY QUE DECIR ADIOS AL
SECTARISMO DE IZQUIERDA. Es evidente que la Presidenta Claudia Sheinbaum, su
Partido Morena, y aliados del Verde y el PT, están rebasados, NO pueden solos
con el paquete, necesitan el concurso de toda la Clase Política, del PAN, del
PRI, y de MC. Les suplico que ya dejen
de satanizar a los prianemecistas .
En el contexto de la
relación bilateral entre México y Estados Unidos, comienzan a emerger elementos
que ameritan un análisis sereno, pero profundamente riguroso, desde la
perspectiva del Derecho Internacional, la Ciencia Política y la Geopolítica Contemporánea.
Diversas versiones
periodísticas dan cuenta de la perentoria
solicitud del gobierno estadounidense para la extradición del exgobernador de
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros actores políticos, bajo
imputaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Se menciona que existe una lista adicional de
funcionarios extraditables .
Sin prejuzgar sobre la
veracidad o alcance de dichas acusaciones, el punto central no radica
únicamente en los sujetos involucrados, sino en el marco jurídico y
doctrinal que podría sustentar tales acciones.
En este sentido,
resulta pertinente analizar la posible invocación de la denominada doctrina del
Long Arm Statute, figura del derecho estadounidense que permite a sus tribunales
ejercer jurisdicción sobre personas o entidades extranjeras cuando sus
conductas producen efectos sustanciales dentro de su territorio.
Si bien esta
herramienta ha sido tradicionalmente utilizada en materias civiles y
mercantiles, su extensión progresiva hacia ámbitos penales y de seguridad
nacional revela una tendencia expansiva de la jurisdicción estadounidense.
Este fenómeno debe
interpretarse a la luz de un elemento adicional: la creciente equiparación, en
la política pública estadounidense, del narcotráfico con amenazas propias del
terrorismo.
Bajo esta lógica,
determinadas conductas delictivas trasnacionales dejan de ser consideradas
exclusivamente como ilícitos comunes y pasan a inscribirse en el ámbito de la seguridad
nacional, lo cual habilita —según el criterio de ese país— mecanismos
extraordinarios de persecución, incluyendo la acción extraterritorial unilateral.
Desde la óptica del
derecho internacional clásico, esta postura tensiona principios fundamentales
como la soberanía estatal, la no intervención y la jurisdicción
territorial. No obstante, en la práctica contemporánea, dichos principios
han sido reinterpretados —e incluso relativizados— por potencias que, bajo
argumentos de protección de intereses estratégicos, han ampliado el alcance de
su actuación más allá de sus fronteras.
México no es ajeno a
los mecanismos de cooperación internacional en materia penal. La extradición de
exgobernadores y altos funcionarios por delitos como cohecho, defraudación
fiscal o actos de corrupción ha sido parte de una dinámica institucional
regulada por tratados bilaterales y sujeta a controles jurisdiccionales
internos.
Sin embargo, el posible
desplazamiento hacia imputaciones vinculadas a la seguridad nacional
estadounidense introduce un cambio cualitativo en la naturaleza de la
relación jurídica bilateral.
El riesgo no reside
exclusivamente en el ejercicio de acciones legales concretas, sino en la
consolidación de un precedente que legitime la intervención indirecta —de
carácter jurisdiccional— en asuntos internos de otro Estado.
La historia reciente de
América Latina muestra que, en contextos de debilidad institucional y crisis
internas, la combinación de factores de seguridad, intereses estratégicos y
decisiones unilaterales de potencias extranjeras puede derivar en distintos
grados de injerencia.
En este marco, el
desafío para el Estado mexicano es de carácter estructural. No se trata
únicamente de responder a casos específicos, sino de definir con claridad los
límites y alcances de la cooperación internacional sin comprometer los
principios de soberanía y autodeterminación.
Asimismo, la
problemática adquiere mayor complejidad al insertarse en un contexto interno
caracterizado por persistentes niveles de inseguridad, limitado crecimiento
económico y percepciones sociales de corrupción.
Estos factores no solo
inciden en la legitimidad interna del Estado, sino que también pueden ser
utilizados como elementos de justificación para acciones externas bajo el
argumento de estabilidad regional o seguridad compartida.
De cara a la actual administración
federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, el reto trasciende la continuidad de
un proyecto político. Se trata de gestionar una relación bilateral en la que
las asimetrías de poder se manifiestan no solo en el ámbito económico o
militar, sino también en la capacidad de definición y aplicación del derecho.
En suma, el eventual
uso expansivo de doctrinas como el Long Arm Statute en contextos penales
vinculados a la seguridad nacional plantea interrogantes de fondo sobre el
equilibrio entre cooperación internacional y soberanía estatal. Su evolución
deberá ser observada con atención, pues de ella dependerá, en buena medida, la
configuración futura de las relaciones jurídicas y políticas entre ambos
países.
