Ante la ATONIA de Morena en Sonora: la ruta alterna es profundizar el programa CRECES.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.

Más sociedad civil, menos gobierno.  La crisis de inseguridad pública originada en Sinaloa está generando un fuerte impacto negativo en la percepción ciudadana de Morena, tanto en Sonora como a nivel nacional. Ello ha provocado una evidente atonía política dentro del partido gobernante.

El concepto de atonía se utiliza aquí de manera figurada para describir un estado de apatía, desánimo, cansancio y estancamiento político. Morena luce abrumado: no saben qué decir y, mucho menos, qué hacer.

Por rumbos de la oposición.  ¿Qué debe hacerse frente a esta circunstancia?.

La respuesta exige un movimiento estratégico: replegarse hacia la sociedad civil y recuperar la confianza de las clases medias. Estas son precavidas, están informadas y son plenamente conscientes del problema del crimen organizado. Entienden, además, que la cooperación con el gobierno de Estados Unidos resulta necesaria en materia de seguridad.

Las clases medias todavía confían en sus autoridades municipales de seguridad pública. Saben cuidarse, a virtud de su acendrado catolicismo, son impermeables a la convivencia con los grupos delincuenciales y, con frecuencia, denuncian sitios, sujetos y zonas conflictivas.

Por ello, debe evitarse la polémica estéril y las burlas en torno a la inseguridad pública. Normativa y operativamente, la responsabilidad principal recae en el Estado y la Federación.

No obstante, mientras el Gobierno del Estado y la Federación permanecen en jaque por la crisis de seguridad, las necesidades básicas de obras y servicios públicos municipales no pueden ni deben dejar de atenderse. Hay muchísimo por hacer.

Siempre existe una salida a las crisis .  En este contexto, es necesario reconocer la trascendencia del programa CRECES, impulsado por el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán.

Se trata de un esquema de presupuesto participativo que permite a los ciudadanos decidir directamente en qué obras y acciones se invertirán los recursos públicos en sus colonias y comunidades.

¿En qué consiste? . Presupuesto CRECES.

Es el núcleo del programa. Los vecinos proponen proyectos —parques, canchas deportivas, alumbrado público, pavimentación, centros comunitarios, entre otros—, los priorizan en asambleas y posteriormente votan por aquellos que consideran más importantes. El gobierno municipal destina una bolsa significativa de recursos para ejecutar las obras ganadoras.

Los Comités CRECES. El modelo se sustenta en comités de participación ciudadana integrados por vecinos que colaboran directamente con el Ayuntamiento para identificar necesidades y supervisar la ejecución de las obras.

Esta iniciativa, lanzada durante la administración de Antonio Astiazarán entre 2022 y 2023, se ha consolidado como uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes de Hermosillo. Su objetivo no es únicamente que la gente solicite obras, sino que participe en la toma de decisiones y se corresponsabilice de su realización, fortaleciendo así la confianza entre gobierno y comunidad.

Un contexto adverso para Morena.

El escenario local y nacional ha resultado particularmente complejo para Morena en esta PRIMAVERA de  2026 .

Sinaloa vive una crisis severa derivada de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa —“Los Chapitos” y “Los Mayitos”—, situación que ha provocado miles de homicidios, desapariciones y un escándalo político por presuntos vínculos de funcionarios públicos con el crimen organizado.

El exsecretario de Seguridad del gobierno de Rubén Rocha Moya se entregó a autoridades estadounidenses acusado de narcotráfico, mientras crecen los señalamientos contra diversos actores políticos sinaloenses. Incluso se especula sobre la entrega de otros exfuncionarios y de un senador.

Todo ello ha colocado a Morena en una posición defensiva sumamente complicada.

El efecto en Sonora.  Aunque Sonora no enfrenta todavía niveles de violencia similares a los de Sinaloa, comparte frontera, dinámicas criminales y diversos problemas estructurales, como el aumento de desapariciones y feminicidios.

La cercanía geográfica y política provoca que la crisis sinaloense contagie la imagen negativa pública de Morena en Sonora.

Esto genera ATONÍA política porque:

• Morena debe defenderse constantemente del “efecto Sinaloa”.
• Internamente, el partido se encuentra en procesos de depuración, filtros anticorrupción y reorganización rumbo a las elecciones de 2027.
• La oposición aprovecha el momento para cuestionar la gestión gubernamental y reactivar sus cuadros políticos y bases electorales.

Conclusión.  En resumen, la crisis de Sinaloa ha adquirido dimensiones terminales para la narrativa política de Morena y está frenando su impulso en Sonora, obligándolo a adoptar una postura reactiva en lugar de propositiva.

Es evidente que esta situación tendrá consecuencias electorales en los próximos años y modificará la correlación de fuerzas políticas en la entidad.

Frente a ello, la ruta inteligente no es la confrontación estéril, sino el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación ciudadana y los gobiernos municipales eficaces. Ahí radica, precisamente, la relevancia estratégica del programa CRECES de Antonio Astiazaran.

La Cumbre de MORENA en Hermosillo.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido. 

En días recientes se celebró en Hermosillo una reunión entre el gobernador Alfonso Durazo y los aspirantes de Morena a la candidatura para gobernador rumbo al periodo 2027-2030.

El encuentro era necesario. La sucesión morenista en Sonora lucía desangelada, sin emoción política ni capacidad de generar expectativa social. Más que una carrera interna, parecía un trámite burocrático administrado desde las cúpulas del poder.

La reunión —bautizada por algunos como “La Cumbre de Hermosillo”— congregó a las principales figuras o “corcholatas” del morenismo sonorense: Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme; Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno; Célida López Cárdenas, secretaria de Agricultura; María Dolores del Río Sánchez  , secretaria de la Contraloría y Buen Gobierno ; así como la senadora Lorenia Valles Sampedro y el senador Heriberto Aguilar Carrillo .

Sin embargo, detrás de la fotografía de unidad quedó expuesta una realidad menos tersa: Morena enfrenta un proceso sucesorio cargado de tensiones, recelos y pugnas silenciosas. La reunión buscó proyectar cohesión, pero terminó evidenciando que nadie quiere quedarse fuera de la disputa por el poder , que ya no es tan omnipresente .

El caso más visible es el de Javier Lamarque Cano, a quien desde distintos sectores del oficialismo se intenta posicionar como el “candidato natural”, bajo el reiterado respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo . Pero el problema para Morena es que las candidaturas no se imponen únicamente desde el centro; también necesitan legitimidad social y competitividad electoral, y Lamarque Cano   no aparece como puntero sólido en la percepción ciudadana.

Ahí radica la principal contradicción del oficialismo sonorense: mientras las élites del partido parecen inclinarse por una candidatura definida desde arriba, la realidad electoral muestra señales más complejas. Morena sigue siendo una fuerza poderosa en Sonora, pero ya no enfrenta el escenario cómodo de 2021  .

Correlación de fuerzas internas.

La llamada “unidad” de Morena depende hoy de un delicado equilibrio de intereses. Adolfo Salazar representa la continuidad del grupo político cercano al gobernador   Durazo y apunta más a una posición legislativa plurinominal que a una candidatura competitiva. Célida López y Dolores del Río conservan presencia política propia, aunque ambas arrastran el peso de su pasado panista, algo que todavía genera desconfianza entre sectores históricos de la izquierda sonorense.

En cuanto a los senadores Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, su margen de maniobra es distinto. Ambos , por razones de edad, tienen tiempo político por delante y difícilmente arriesgarán capital en una contienda corta, considerando que la próxima gubernatura será solamente de tres años. Pueden esperar mejores condiciones hacia el  2030 .

La realidad es que nadie dentro de Morena posee hoy la fuerza suficiente para imponerse sin negociación. Por ello la figura de Alfonso Durazo emerge como árbitro absoluto del proceso. La “cumbre” fue, en el fondo, un acto de control político para evitar fracturas prematuras y mandar el mensaje de que la decisión final seguirá dependiendo del gobernador.

Todo indica que Morena tendrá que   proyectar  políticamente a Javier Lamarque Cano , a nivel Estado pues , no obstante que es un político  con larga trayectoria en la izquierda sonorense, y esta probada capacidad administrativa, pero cuenta también con un evidente desgaste generacional y político. A sus 72 años, representa más la continuidad del viejo obradorismo que una apuesta de renovación generacional   .

La verdadera fortaleza electoral de Morena no descansa únicamente en sus cuadros políticos, sino en la estructura clientelar construida desde los programas sociales federales, el padrón masivo de afiliados y los nuevos comités seccionales impulsados por el partido. Esa maquinaria territorial ,  si se apoya financieramente , será determinante en 2027.

El rol de la oposición.

Pero el contexto ya cambió. Morena enfrenta un desgaste nacional derivado de los crecientes señalamientos de corrupción y de la sombra cada vez más incómoda de la relación entre política y crimen organizado en algunos estados gobernados por el oficialismo. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros actores políticos han hecho trizas  la narrativa moral que Morena utilizó durante años como bandera.

En Sonora, además, aparece un factor que el oficialismo no puede minimizar menos ignorar : Antonio Astiazarán Gutiérrez  .

El alcalde de Hermosillo ha logrado construir una imagen de eficacia administrativa, cercanía ciudadana y modernización urbana que le permite conectar especialmente con las clases medias y sectores de la sociedad civil. A diferencia de otros perfiles opositores del pasado, Antonio Astiazarán sí representa una candidatura competitiva y con capacidad real de aglutinar al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alrededor de un proyecto común.

Su eventual candidatura obliga a Morena a resolver rápidamente sus contradicciones internas y presentar un perfil con experiencia administrativa, legitimidad política y capacidad de confrontación electoral. Porque si algo dejó claro la cumbre de Hermosillo es que la verdadera preocupación del oficialismo ya no está únicamente dentro de Morena, sino fuera de él.

Conclusión.

La llamada “Cumbre de Hermosillo” fue mucho más que una reunión partidista. Fue un ensayo de sucesión anticipada, una operación de control político y, al mismo tiempo, una señal de nerviosismo dentro del oficialismo sonorense.

Morena intentó mostrar unidad, pero también dejó ver sus fisuras internas, sus candidaturas débiles y la ausencia de una figura verdaderamente dominante rumbo al 2027.

La batalla por Sonora apenas comienza. Y, por primera vez en varios años, Morena ya no llega como un movimiento invencible.

Principio del formulario

 

Final del formulario

 

 

 

 

¿Dónde anda, qué dice, qué hace la nueva clase política impulsada por el gobernador Alfonso Durazo?.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido. 

Tras el terremoto político que ha signifi

cado la petición de extradición por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, prácticamente desaparecieron del mapa: Adolfo Salazar, Célida López, Omar del Valle, Lorenia Valles, Heriberto Aguilar, Froylan Gámez, Paulina Ocaña, Paloma Terán, Wendy Briceño, Vicky Espinosa, Fanny Duarte, Juan González, Roberto Gradillas, Abraham Sierra, David Mendoza, Fernando Rojo, Karla Córdova, María Dolores del Río, Norberto Barraza y David Figueroa.

Enmudecieron, la dejaron sola. Ninguno ha emitido comentario, frase o declaración alguna en respaldo de la admirada y respetada presidenta de todos los mexicanos, Claudia Sheinbaum, particularmente en su defensa de la soberanía nacional. Resulta algo inusual, inadmisible incluso, más aún en estos días en que la mandataria visita el estado de Sonora.

Causas, motivos y razones. Fue quizá demasiado optimista el buen amigo y gobernador del estado de Sonora para el periodo 2021-2027, Alfonso Durazo Montaño, un político inteligente, experimentado y laborioso.

Ya lo publicamos en Dossier Político: en realidad, él no ha fracasado. Lo que ha sucedido es que Morena, a nivel nacional, permitió la restauración de los usos, costumbres y prácticas políticas del inefable régimen dominante, hegemónico y prácticamente único con el que operó el PRI durante largos 79 años. Eso es precisamente lo que hoy le impide al gobernador sacar adelante sus encomiables proyectos y designios.

Era harto difícil que Alfonso Durazo pudiera crear ex nihilo una nueva clase o generación política. Morena se integró, como los asistentes a la carrera del Moro de Cumpas, con gente que vino de todas partes: ex perredistas, panistas, verdes, petistas y priistas; un incandescente mosaico de prospectos o adalides que habían sido rechazados para ocupar posiciones importantes en sus partidos de origen.

No existe entre ellos afinidad política o ideológica; tampoco disciplina ni lealtad doctrinaria hacia la causa denominada Cuarta Transformación y su llamado Segundo Piso.

Morena y la ausencia de una oferta política congruente. Todo indica que Morena no posee actualmente una oferta política congruente y optimista frente a la sociedad civil, por lo que se encuentra en riesgo inminente de perder en Sonora buena parte de lo ganado.

En contraste, la oposición integrada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano cuenta ya con una carta fuerte rumbo a 2027: el excelente alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez.

El regreso al futuro.  Instituciones del Ancíen régime como el tapado, el dedazo, la cargada, la cacería de brujas, la guerra contra los infieles, así como la costumbre de atribuir a “los emisarios del pasado” las fallas, corruptelas y errores del presente, han obtenido carta de naturalización dentro de Morena.

Estas variables explican la circunstancia de que muchos integrantes de la actual clase política, así como analistas y comunicadores activos desde, digamos, 1997, jamás conocieron ni padecieron realmente aquel sistema.

Muchos mexicanos ignoran que existió un temible régimen policiaco de partido hegemónico, dominante, casi único, represivo y autoritario, que prevaleció en México de 1929 al año 2000. Era operado por un exclusivo y hermético círculo rojo, habitado únicamente por los grandes iniciados de las élites del país.

En los medios masivos de comunicación —prensa, radio y televisión— imperaban la autocensura y la censura más descarada.

La irrupción de las redes y la democratización. Sin embargo, a partir de la alternancia del año 2000, se liberaron las fuerzas políticas. Cada quien comenzó a decir, a su leal saber y entender, lo que quiso y pudo. Más adelante, desde 2006, irrumpieron con fuerza las benditas redes sociales de internet.

Ya no fue posible detener la avalancha democratizadora en la que las masas conquistaron la escena política; una escena en la que, por lo visto, la nueva generación o clase política de Morena en Sonora aparece hoy como la gran ausente.Final del formulario

BRIEF PROSPECTIVO . ASUNTO/ EXTRADITABLES / MEXICO-ESTADOS UNIDOS /07/MAYO/2026.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido. 

Diagnóstico y Punto de Inflexión. El caso del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya es la oportunidad de saneamiento institucional para el segundo piso de la 4T.  Lo que sucede en el país, no es para festinar.  

La solicitud de detención de Rubén Rocha Moya por parte de la justicia estadounidense marca un punto de inflexión estructural. No se trata solo de un escándalo coyuntural, sino de la visibilizarían de un problema histórico: la infiltración del crimen organizado en gobiernos estatales y municipales de regiones clave (Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Tabasco y otros estados).

LA INDIFERENCIA EN CULIACAN.- Durante décadas prevaleció un modelo de “convivencia tolerada”: los narcos generaban derrama económica y las élites políticas y sociales aceptaban un pacto implícito mientras el daño se limitará   a “sus asuntos”. Este equilibrio se rompió por dos razones:

• El narco expandió su acción hacia la población civil y la captura profunda del poder político.
• Sectores de la clase política y empresarial intentaron instrumentalizar al narco, terminando subordinados a él.

La 4T no generó este orden de cosas. Se heredó de sexenios anteriores y se agravó con la estrategia “abrazos, no balazos”. Claudia Sheinbaum ya corrigió parcialmente esa orientación.

Ahora enfrenta la disyuntiva: ¿defensa reactiva o salida hacia adelante?

Riesgo de la inacción: Una lista adicional de ~50 posibles incriminados por EU (solo 10 de Sinaloa difundidos) implica que vendrán más expedientes de otras entidades y del ámbito federal.

Jugar la carta de “Soberanía” servirá una vez, pero no resistirá la evidencia acumulada. El costo reputacional y de gobernabilidad será progresivo y mayor que cualquier “daño controlado” coyuntural.

Ante el JAQUE de EU. Necesaria una Táctica del Ajedrez, extraditar a los DIEZ, a cambio de ello, ofrecer el  ENJUICIAR EN MEXICO a los otros, 50 extraditables.  Es posible que, de no proceder así, el DETERIORO ETICO y el DERRUMBE MORAL de Morena y la 4 T, será inminente.

2. Oportunidad Estratégica. Esta crisis es una oportunidad de ORO para posicionar a Sheinbaum como la presidenta que saneó al Estado mexicano, comparable con las experiencias de:

• Italia (maní pulirte contra corrupción y mafia).
• Singapur (cero tolerancia, meritocracia e instituciones limpias).
• El Salvador (confrontación directa y recuperación de territorio de los Maras Salva Truchas   ).

Ventajas para Sheinbaum:

• Legitimidad propia alta y margen de 20 meses transcurridos (de 72).
• No carga directamente la creación del problema.
• Cuenta con instrumentos (Guardia Nacional fortalecida, inteligencia federal, apoyo popular a la seguridad).
• El lema fundacional “Por el bien de todos, primero los pobres” gana credibilidad si se depura el aparato que supuestamente lo ejecuta.

Riesgo principal percibido: erosión de la unidad de Morena por confrontar figuras elevadas por Andres Manuel López Obrador. Sin embargo, este riesgo es menor que la erosión creciente por la percepción de impunidad selectiva.

3. Recomendaciones Estratégicas (Plan de Acción Inmediato).

Fase 1 – Despejar dudas (0-3 meses)

• Priorizar justicia sobre lealtad política. Comunicar explícitamente: “En este gobierno, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los nuestros”.
• Crear una Comisión de Saneamiento Institucional (alto perfil, técnica y autónoma) para revisar vínculos con narco en administraciones estatales y federales.
• Auditar de forma prioritaria; Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato.

Fase 2 – Nueva doctrina de cero tolerancias (3-12 meses)

• Nuevos protocolos de seguimiento: evaluación de riesgo de infiltración en gobernadores, fiscales, secretarios de seguridad y mandos policiales (evaluaciones de confianza permanentes).
• Fortalecimiento de la inteligencia federal y coordinación con EU bajo términos soberanos pero pragmáticos (intercambio de información sin subordinación).
• Reforma legal y operativa para acelerar procesos de desafuero y remoción de funcionarios incriminados.
• Campaña nacional de intolerancia social al narco: “México ya no negocia con quien daña a su pueblo”.

Fase 3 – Reconstrucción institucional (12-36 meses)

• Reemplazo gradual pero firme de cuadros comprometidos o de alto riesgo, aprovechando el relevo natural de gubernaturas.
• Inversión masiva en capacidades estatales de seguridad y justicia en zonas críticas.
• Narrativa clara: el segundo piso de la 4T significa depuración y fortalecimiento del Estado, no continuidad de vicios heredados.

Manejo de Rocha Moya específico:

• Evitar tanto la percepción de “complicidad” como de “entreguismo”.
• Opción preferente: dejar que la justicia mexicana actúe con autonomía, sin interferencia política visible. Si hay elementos, proceder; si no, explicarlo con transparencia.

4. Escenarios Prospectivos.

Escenario Optimista (probable si actúa con firmeza):
Sheinbaum consolida liderazgo histórico como la presidenta que rompió el pacto de impunidad. Mejora percepción internacional, reduce espacio a intervención estadounidense, fortalece legitimidad interna y deja un legado de instituciones más limpias.

La 4T se renueva y gana margen para su agenda social.

Escenario Neutro (postergación moderada):
Daños controlados pero continuos. Erosión gradual de confianza. Oportunidad desperdiciada parcialmente.

Escenario Pesimista (defensa corporativa):
Hemorragia de expedientes sucesivos, percepción de captura del movimiento por intereses oscuros, pérdida de capital político y posible intervención mayor de EU.

Conclusión Estratégica. La crisis Rocha Moya no es solo un problema; es el catalizador que el segundo piso de la 4 T necesitaba para diferenciarse y consolidarse.

La firmeza de liderazgo de Claudia Sheinbaum es mayor de la que ella misma se ha atribuido.

Postergar el combate frontal por temor a la unidad interna es contraproducente: la verdadera unidad se construye sobre principios, no sobre omisiones.

Recomendación final: asumir la salida hacia adelante con determinación. El país y el proyecto de nación lo demandan. El tiempo para actuar es ahora.

 

Desglose de la Columna, Morena y Sheinbaum. Sobreviviendo a Rubén Rocha Moya , de Jorge Zepeda Patterson.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.

*El Periodista, es proclive a la 4 T, y publica en; El País, Milenio, Sin Embargo y Dossier Político. 

Aquí va un desglose crítico de la columna, separando tesis, estrategia narrativa, sesgos, contradicciones y efectos políticos implícitos.

CUANDO EL RIO YA SE DESBORDO  .- El texto es interesante porque intenta colocarse como “equilibrado”, pero en realidad hace una operación política bastante clara: deslindar parcialmente a Sheinbaum sacrificando a Rubén Rocha Moya y, al mismo tiempo, admitir algo que durante años el oficialismo negó: la penetración del crimen y la corrupción dentro de Morena.

La columna no busca esclarecer culpabilidades jurídicas.
Busca preparar ideológicamente a los lectores oficialistas para aceptar una posible caída de Rocha.

Conclusión crítica. -  La columna es importante porque marca algo que hace pocos años era casi impensable dentro del ecosistema intelectual cercano a Morena:

Ya no se discute SI hay corrupción en la 4T. Ahora se discute: 1.- cuánto, 2.- quién paga, y 3.- Cómo salvar políticamente el proyecto.

Ese es el verdadero giro histórico del texto.

La pieza de Zepeda Patterson no es una defensa de Rocha Moya. Es una admisión controlada de deterioro moral del obradorismo y un intento de transferir la legitimidad futura hacia Sheinbaum como posible correctora del sistema.

La columna de Zepeda Patterson es importante no por lo que denuncia, sino por lo que admite: que la corrupción, la impunidad y las relaciones oscuras con el crimen ya no pueden seguir atribuyéndose únicamente al “PRIAN”, porque alcanzaron también al núcleo de la 4T.

El texto intenta aparentar equilibrio —criticando tanto a Trump como a Morena— pero en realidad hace una operación política muy específica: salvar a Sheinbaum sacrificando a Rocha y deslindándola parcialmente del obradorismo duro.

La admisión central es devastadora: “La 4T es víctima de su propia negligencia”.

Traducido: Morena protegió a los suyos, toleró irregularidades y dejó crecer estructuras de corrupción por cálculo político. Eso destruye el viejo discurso moral de AMLO donde el movimiento representaba una ruptura ética frente al pasado.

Jorge Zepeda intenta suavizar el golpe diciendo que Estados Unidos actúa con intereses políticos y que las pruebas contra Rocha Moya aún no son concluyentes. Pero el propio texto se contradice: si el gobierno mexicano fue omiso durante años, entonces la presión externa adquiere legitimidad política. El “soberanismo” pierde fuerza cuando hay sospechas de encubrimiento interno.

La parte más grave del artículo es cuando normaliza implícitamente los pactos entre gobernadores y cárteles, describiéndolos casi como una necesidad práctica de supervivencia. Ahí el texto cruza una línea peligrosa: deja de condenar la captura criminal del Estado y comienza a tratarla como “realismo político”.

También es evidente el intento de separar a Sheinbaum de López Obrador:

• AMLO aparece como el líder que “cerró filas” y toleró irregularidades.
• Sheinbaum como alguien “más interesada en combatir la corrupción”, pero limitada por resistencias internas.

Es una narrativa muy conveniente:
el problema ya no sería “la 4T”, sino ciertos excesos heredados del obradorismo.

En el fondo, la columna funciona como preparación ideológica para que el oficialismo acepte una posible caída de Rubén Rocha Moya sin que colapse todo el relato moral del movimiento.

Y eso es lo verdaderamente significativo:
ya no están defendiendo la pureza de la 4T; ahora están administrando el daño irreversible .

La EXCUSA PERFECTA PARA INTERVENIR . El fentanilo —esa sustancia que había devastado comunidades enteras— era ahora clasificado en EU , formalmente, como un arma de destrucción masiva. Weapon of Mass Destruction

La noticia llegó sin estruendo, como suelen llegar las que verdaderamente importan: no con el ruido de los titulares, sino con la gravedad de un documento oficial que, leído con atención, revela más de lo que aparenta. Washington había publicado la National Drug Control Strategy 2026. 

A primera vista, otro informe más, otra política pública en la larga historia de la guerra contra las drogas. Pero al adentrarse en sus páginas, lo que emergía no era un plan convencional. Era, en esencia, una declaración de guerra, cuidadosamente redactada en el lenguaje frío de la burocracia.

El maestro Francisco Javier Aragón Salcido lo entendió de inmediato. No era un cambio menor. Era un viraje doctrinal.

Ya no se hablaba de narcotráfico como un fenómeno criminal. El texto iba más allá, mucho más allá. El fentanilo —esa sustancia que había devastado comunidades enteras— era ahora clasificado formalmente como un arma de destrucción masiva. Weapon of Mass Destruction, decía sin ambages. No había metáfora en ello, ni exageración retórica. Era una categoría jurídica, estratégica, militar.

Y las palabras, como bien sabía el maestro, nunca son inocentes.

Porque al nombrar así al fentanilo, el gobierno estadounidense no solo describía una amenaza: redefinía el campo de batalla. Lo que antes era persecución penal, ahora se transformaba en respuesta bélica. Lo que antes correspondía a fiscales y tribunales, ahora abría la puerta a generales, inteligencia militar y operaciones encubiertas.

El segundo movimiento era igual de contundente. Los cárteles mexicanos dejaban de ser vistos únicamente como organizaciones criminales. En el nuevo lenguaje, eran designados como organizaciones terroristas extranjeras. La diferencia no era semántica: era estructural. Esa etiqueta activaba un arsenal de facultades legales que, hasta entonces, se habían reservado para enemigos como Al-Qaeda o el Estado Islámico.

La guerra contra las drogas se convertía, de pronto, en una guerra contra el terrorismo… y, más aún, en lo que el propio documento insinuaba: una guerra química.

El tercer punto desdibujaba cualquier ilusión de selectividad. No se trataba de capturar capos, de cortar cabezas visibles. La estrategia era integral, casi quirúrgica en su ambición: liderazgo, redes financieras, logística, infraestructura… y, en una frase que parecía escrita con la intención de incomodar, también “los funcionarios corruptos que facilitan sus operaciones”.

Ahí estaba el núcleo de la tensión por venir.

Porque esa línea cruzaba fronteras invisibles. Tocaba fibras sensibles. Abría la puerta a interpretaciones que, en cualquier otro contexto, serían consideradas injerencia. Y sin embargo, ahí estaba, plasmada con claridad: no se limitarían a perseguir criminales; irían tras todo el ecosistema que los sostiene.

El documento no se detenía ahí. Señalaba, con una franqueza poco habitual en la diplomacia, que los países de tránsito y origen —y México ocupaba ambos lugares— habían permitido la expansión del tráfico por una “ausencia de voluntad política para tomar acciones decisivas”.

No era una acusación velada. Era un juicio.

Mientras tanto, en Washington, la maquinaria institucional se reorganizaba. Se había creado un centro de coordinación único: el HSTF National Coordination Center. En él convergían la DEA, el FBI, el DHS, la CBP y la comunidad de inteligencia. Ya no habría compartimentos estancos, ni rivalidades burocráticas que entorpecieran la acción. Un solo expediente por objetivo. Toda la información integrada. Todas las herramientas disponibles.

Y, quizás lo más revelador: los datos sobre cárteles designados como terroristas serían compartidos con el NCTC, el mismo organismo encargado de coordinar la lucha global contra el terrorismo.

El mensaje era inequívoco: los cárteles habían sido incorporados al mismo mapa estratégico que las amenazas más graves para la seguridad internacional.

Entonces vino la frase que, leída sin distracciones, condensaba toda la doctrina: Estados Unidos utilizaría “todas las herramientas disponibles del poder nacional: diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas”. No era una advertencia. Era una declaración de intención.

De hecho, algunas acciones ya habían comenzado. Operaciones militares contra embarcaciones del narcotráfico. Intervenciones que, hace apenas unos años, habrían parecido impensables.

El maestro cerró el documento con una sensación difícil de nombrar. No era sorpresa —los indicios habían estado ahí desde hacía tiempo—, pero sí una claridad incómoda.

Porque, en el fondo, había algo profundamente triste en todo ello.

Que el vecino tuviera que asumir el papel de quien impone orden. Que la casa propia hubiera dejado de gobernarse con la firmeza necesaria. Que la soberanía, tan invocada en discursos, se debilitara en la práctica cotidiana.

Y, sin embargo, la realidad no admite consuelos fáciles.

Si México aspiraba a seguir siendo el principal socio comercial de la economía más grande del mundo, la encrucijada era evidente. Cooperar o resistir. Adaptarse o aferrarse. Abandonar las ideologías que el tiempo había vuelto obsoletas, o insistir en ellas mientras el tablero cambiaba sin pedir permiso.

El maestro lo sabía: la historia no espera a quienes dudan demasiado.

Y esta, sin duda, ya había comenzado a escribirse.

Extraterritorialidad, seguridad nacional y soberanía: una reflexión sobre la doctrina del Long Arm Statute de Estados Unidos.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido

EL ASUNTO ES MAS GRAVE DE LO QUE PARECE. - ¿Estamos inmersos en un callejón sin salida?  Una cosa es ir a una marcha, un mitin, ir a votar un domingo, o hacer cola para recibir la pensión, y otra muy distinta desafíar a la Democracia Hegemónica Global.

Nosotros en Sonora padecemos el cierre de la frontera al ganado, y sabemos muy bien cuáles son las consecuencias inmediatas de no aceptar las reglas del juego de nuestro grande y poderoso   vecino.

HAY QUE DECIR ADIOS AL SECTARISMO DE IZQUIERDA. Es evidente que la Presidenta Claudia Sheinbaum, su Partido Morena, y aliados del Verde y el PT, están rebasados, NO pueden solos con el paquete, necesitan el concurso de toda la Clase Política, del PAN, del PRI, y de MC.  Les suplico que ya dejen de satanizar a los prianemecistas  .  

En el contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, comienzan a emerger elementos que ameritan un análisis sereno, pero profundamente riguroso, desde la perspectiva del Derecho Internacional, la Ciencia Política y la Geopolítica Contemporánea.

Diversas versiones periodísticas dan cuenta de la   perentoria solicitud del gobierno estadounidense para la extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros actores políticos, bajo imputaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.  Se menciona que existe una lista adicional de funcionarios extraditables  .

Sin prejuzgar sobre la veracidad o alcance de dichas acusaciones, el punto central no radica únicamente en los sujetos involucrados, sino en el marco jurídico y doctrinal que podría sustentar tales acciones.

En este sentido, resulta pertinente analizar la posible invocación de la denominada doctrina del Long Arm Statute, figura del derecho estadounidense que permite a sus tribunales ejercer jurisdicción sobre personas o entidades extranjeras cuando sus conductas producen efectos sustanciales dentro de su territorio.

Si bien esta herramienta ha sido tradicionalmente utilizada en materias civiles y mercantiles, su extensión progresiva hacia ámbitos penales y de seguridad nacional revela una tendencia expansiva de la jurisdicción estadounidense.

Este fenómeno debe interpretarse a la luz de un elemento adicional: la creciente equiparación, en la política pública estadounidense, del narcotráfico con amenazas propias del terrorismo.

Bajo esta lógica, determinadas conductas delictivas trasnacionales dejan de ser consideradas exclusivamente como ilícitos comunes y pasan a inscribirse en el ámbito de la seguridad nacional, lo cual habilita —según el criterio de ese país— mecanismos extraordinarios de persecución, incluyendo la acción extraterritorial unilateral.

Desde la óptica del derecho internacional clásico, esta postura tensiona principios fundamentales como la soberanía estatal, la no intervención y la jurisdicción territorial. No obstante, en la práctica contemporánea, dichos principios han sido reinterpretados —e incluso relativizados— por potencias que, bajo argumentos de protección de intereses estratégicos, han ampliado el alcance de su actuación más allá de sus fronteras.

México no es ajeno a los mecanismos de cooperación internacional en materia penal. La extradición de exgobernadores y altos funcionarios por delitos como cohecho, defraudación fiscal o actos de corrupción ha sido parte de una dinámica institucional regulada por tratados bilaterales y sujeta a controles jurisdiccionales internos.

Sin embargo, el posible desplazamiento hacia imputaciones vinculadas a la seguridad nacional estadounidense introduce un cambio cualitativo en la naturaleza de la relación jurídica bilateral.

El riesgo no reside exclusivamente en el ejercicio de acciones legales concretas, sino en la consolidación de un precedente que legitime la intervención indirecta —de carácter jurisdiccional— en asuntos internos de otro Estado.

La historia reciente de América Latina muestra que, en contextos de debilidad institucional y crisis internas, la combinación de factores de seguridad, intereses estratégicos y decisiones unilaterales de potencias extranjeras puede derivar en distintos grados de injerencia.

En este marco, el desafío para el Estado mexicano es de carácter estructural. No se trata únicamente de responder a casos específicos, sino de definir con claridad los límites y alcances de la cooperación internacional sin comprometer los principios de soberanía y autodeterminación.

Asimismo, la problemática adquiere mayor complejidad al insertarse en un contexto interno caracterizado por persistentes niveles de inseguridad, limitado crecimiento económico y percepciones sociales de corrupción.

Estos factores no solo inciden en la legitimidad interna del Estado, sino que también pueden ser utilizados como elementos de justificación para acciones externas bajo el argumento de estabilidad regional o seguridad compartida.

De cara a la actual administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, el reto trasciende la continuidad de un proyecto político. Se trata de gestionar una relación bilateral en la que las asimetrías de poder se manifiestan no solo en el ámbito económico o militar, sino también en la capacidad de definición y aplicación del derecho.

En suma, el eventual uso expansivo de doctrinas como el Long Arm Statute en contextos penales vinculados a la seguridad nacional plantea interrogantes de fondo sobre el equilibrio entre cooperación internacional y soberanía estatal. Su evolución deberá ser observada con atención, pues de ella dependerá, en buena medida, la configuración futura de las relaciones jurídicas y políticas entre ambos países.

 

El Laberinto de Claudia Sheinbaum: El “Factor Rubén Rocha Moya” y el Jaque de Washington.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido. 

La llamada no llegó por los canales habituales. No hubo sonrisas diplomáticas, ni comunicados tibios, ni filtraciones controladas. Esta vez, Washington no tocó la puerta: la derribó.

Por primera vez en la historia reciente, el viejo garrote de la diplomacia estadounidense no apuntó hacia la periferia, sino directo al núcleo del poder mexicano. No fue un mensaje. Fue una advertencia.

El nombre en la mira: Rubén Rocha Moya. Lo que parecía, en un inicio, un expediente judicial más, pronto reveló su verdadera naturaleza: un misil de precisión dirigido a la línea de flotación del proyecto político más importante del México contemporáneo: el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum lo entendió de inmediato.

No era un caso más.
Era el caso. Hasta ayer, las reglas del juego eran claras, casi rituales: Washington solicitaba, México evaluaba… y eventualmente entregaba. Una coreografía incómoda, pero predecible. Sin sobresaltos.

Pero ahora todo había cambiado. El objetivo no era un operador menor ni una figura desgastada. Era un actor de primer nivel, un gobernador en funciones —hasta hace apenas unas horas—. El equilibrio tácito, esa suerte de Pax Mafiosa burocrática, se había roto.

Y con ello, la Presidenta quedó atrapada en un dilema sin salida limpia:
defender la soberanía o preservar la estabilidad económica en la antesala de la renegociación del T-MEC.

La renuncia de Rocha Moya llegó como un movimiento rápido, casi quirúrgico. En apariencia, es una hábil maniobra de control de daños: para el efecto de evitar el espectáculo del desafuero, apagar el incendio antes de que alcanzara el techo.

Pero en política, los movimientos defensivos rara vez traen alivio duradero. Al dejar el cargo, Rocha Moya dejó atrás el blindaje institucional. Se convirtió en un ciudadano común… con todos los derechos, sí, incluido el AMPARO        . Pero también con todas las vulnerabilidades. Ya no habrá Estado que lo protegiera.
Solo tiempo… y cada vez menos.

En el tablero geopolítico, sin embargo, las piezas no se mueven al ritmo de los tribunales mexicanos. Washington observa. Calcula. Decide.

Tiene la ventaja del tiempo y del poder de ejecución. Puede esperar… o puede actuar. Puede presionar… o intervenir. Y esa incertidumbre es, en sí misma, la jugada más peligrosa.

La historia ofrece precedentes, rutas conocidas en medio del caos. La entrega voluntaria.

Recordemos. - El sacrificio estratégico. Rosario Robles. Elba Esther Gordillo. Guillermo Padrés Elías. Nombres que entendieron —cada uno a su manera— que, en ciertos momentos, la libertad futura vale más que la resistencia inmediata. Que huir es prolongar el tormento; entregarse, quizá, abre la puerta a una negociación. Eso justamente es lo que hicieron los CAPOS, para obtener condenas más amigables. .

Pero este caso… no es igual. Porque aquí, el problema no termina en Rubén Rocha Moya.

En las sombras del expediente aparecen otros nombres.
Más pesados. Más incómodos. 

En el Juicio de New York , hay  TESTIGOS  que no son simples testigos, sino protagonistas de la historia criminal contemporánea de México:
“El Mayo” Zambada. Los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Y cuando ellos hablan, el eco no se detiene en una sola persona. Sube. Escala. Se proyecta. Alcanza estructuras completas. Incluso, si las circunstancias lo permiten, podría rozar el legado del propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Sinaloa, una voz con experiencia en estas aguas agitadas lanza una advertencia que no puede ignorarse. El ex gobernador Francisco Labastida Ochoa lo dice sin rodeos: los vínculos de origen, las cercanías geográficas, las relaciones tejidas en Badirahuato … no son sombras fáciles de disipar. Son marcas.

Y en la justicia estadounidense, las marcas pesan más que las explicaciones. Allá no hay matices. No hay zonas grises. Solo pruebas… o condenas.

Un dólar. Un vehículo. Una propiedad. Si cualquiera de esos elementos cruzó la línea —con conocimiento—, el destino ya está escrito:
una celda federal, fría y definitiva.

Claudia Sheinbaum observa el tablero. Sabe que no hay movimientos inocuos. Cualquier decisión tendrá un costo.
Y no uno menor, sino exorbitante. Ceder puede interpretarse como sumisión. Resistir, como provocación. Ambas rutas llevan al desgaste.

El caso Rubén Rocha Moya ha dejado de ser un asunto individual. Ya no es solo el juicio de un hombre. Es algo más profundo, más incómodo, más peligroso: el juicio a la relación entre el poder político y el crimen organizado en México.

Y todo ocurre bajo la mirada de un vecino que ha decidido cambiar las reglas. Un vecino que ya no negocia como antes. Un vecino que, por primera vez en mucho tiempo, parece dispuesto a tratar a la Presidenta del gobierno de México ya no como un socio incómodo… sino como la jefa de un Estado que considera fallido.

El jaque está dado. La pregunta es simple, pero brutal: ¿habrá jugada para evitar el mate?

 

El posicionamiento que debe asumir Alfonso Durazo Montaño (gobernador de Sonora, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana 2018-2021 y actual presidente del Consejo Nacional de Morena) deberá ser claro, institucional y estratégico, no reactivo ni de cierre de filas.

 

Pegunta del Maestro Francisco Javier Aragón Salcido a la I.A, Súper Grok de X Twitter y Respuesta .- 

El posicionamiento que debe asumir Alfonso Durazo Montaño (gobernador de Sonora, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana 2018-2021 y actual presidente del Consejo Nacional de Morena) es claro, institucional y estratégico, no reactivo ni de cierre de filas.

El “asunto Rubén Rocha Moya” no es un rumor ni una “estigmatización”: es una acusación formal del Departamento de Justicia de EE.UU. (Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, 29 de abril de 2026) contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios por presunta conspiración con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa: protección política, sobornos y facilitación del tráfico de fentanilo a cambio de apoyo electoral.

Rocha Moya pidió licencia temporal (aprobada el 2 de mayo) para “facilitar la investigación” de la FGR y niega todo. Es el escándalo más grave de narco política que enfrenta Morena/4T en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum y revive todos los expedientes anteriores.

nytimes.com +1

¿Qué debe decir y hacer Alfonso Durazo?

1.   Presunción de inocencia + exigencia de verdad
Debe afirmar públicamente que Rocha tiene derecho a defenderse y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar con rigor, autonomía y sin presiones externas. No puede repetir el “es un ataque a la 4T” sin pruebas. Como exsecretario de Seguridad, sabe que el fentanilo mata a decenas de miles de mexicanos y estadounidenses; minimizar el caso daña la credibilidad de la estrategia de seguridad.

2.   Postura institucional y de soberanía inteligente
Defender la soberanía mexicana es legítimo, pero no equivale a rechazar de plano la cooperación con EE.UU. en materia de seguridad. Alfonso  Durazo puede decir: “México investigará con seriedad y exigiremos que cualquier prueba se canalice por la vía diplomática y judicial bilateral”. Eso lo posiciona como estadista, no como militante a la defensiva.

3.   Como presidente del Consejo Nacional de Morena: limpieza interna, no blindaje
Aquí es donde su rol es clave. Debe mandar el mensaje de que Morena no protege a nadie si hay indicios fundados. La 4T se construyó en buena medida sobre el discurso anti-corrupción y anti-“narco-gobierno”. Cerrar filas sin matices confirma la narrativa de “narco política” que la oposición y EE.UU. ya están empujando de cara a 2027.

4.   Lo más inteligente: convocar una reunión del Consejo Nacional o emitir un posicionamiento colectivo donde se diga que el partido apoya la investigación y que cualquier militante señalado debe apartarse de cargos de elección popular mientras se esclarece.

5.   Aprovechar su perfil de seguridad y vecino de Sinaloa
Sonora y Sinaloa comparten frontera, rutas de droga y problemas de violencia. Alfonso Durazo puede hablar con autoridad: “Desde Sonora seguiremos reforzando la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa para que ningún cartel tenga refugio”. Eso lo diferencia de Rocha Moya  y lo coloca como el gobernador morenista “serio” en materia de seguridad.

Riesgos si se equivoca.

• Si sale a defender a Rocha Moya de forma incondicional (como hizo en agosto 2024 con el comunicado de gobernadores), se expone a que lo asocien directamente y le pregunten por la famosa “lista” de visas revocadas que circula en medios estadounidenses (donde ya aparecía su nombre junto a otros gobernadores morenistas).

unotv.com

• Si guarda silencio prolongado, parecerá debilidad o cálculo político.

En resumen, el posicionamiento ganador para Alfonso Durazo es: “Presunción de inocencia, investigación mexicana seria, cero impunidad y fortalecimiento de la 4T con limpieza, no con blindajes”. Eso lo mantiene como figura de Estado dentro de Morena, protege la imagen del movimiento de cara a 2027 y, sobre todo, es lo correcto desde el punto de vista institucional. Cualquier otra cosa (defensa cerrada, ataque directo a EE.UU. sin sustento o silencio) solo agrandaría la crisis y le restaría capital político a él y al partido. La 4T no se hunde por investigar; se hunde por parecer que protege a los intocables.

 

 

El caso en EU del ex Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ¿marcará el fin de la Hegemonía de la 4 T ?.

Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.  

El asunto de la solicitud de extradición provisional contra Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa, de Morena) y otros funcionarios es un escándalo de alto impacto político, pero su evolución hacia un “fin de la hegemonía de la 4T” o de Claudia Sheinbaum Pardo es prematuro y depende de varios factores.

Vamos por partes, con base en los hechos recientes (abril-mayo 2026) y el contexto electoral.

 

¿Qué ha pasado exactamente? El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU.) presentó cargos formales contra 11 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, un senador morenista (Enrique Inzunza), el alcalde de Culiacán y mandos policiales.

Los acusan de asociación con el Cártel de Sinaloa (facción de Los Chapitos) para proteger el narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo político. EE.UU. solicitó su detención provisional con fines de extradición.

 

La SRE y la FGR confirmaron que recibieron las solicitudes, pero señalaron que no vienen con pruebas suficientes según la ley mexicana y el tratado bilateral de extradición. Se turnaron a la FGR para investigar. Rocha Moya pidió licencia temporal del cargo (manteniendo fuero) y rechazó las acusaciones como “calumnias” y un “ataque a la 4T”.

Claudia Sheinbaum y Morena han cerrado filas: presunción de inocencia, crítica a la filtración pública de EE.UU. y defensa de la soberanía. La oposición (PAN y PRI) exige renuncia inmediata, desafuero y extradición, y algunos hablan de “narco gobierno”.

 

No es una extradición formal consumada; es una etapa inicial y México exige a EU, más elementos probatorios.

El Impacto es negativo e inmediato en la vida política nacional

·                     Daño a la imagen de Morena y la 4T: Es el funcionario de más alto rango de Morena señalado directamente por EE.UU. por nexos con el narco. Refuerza la narrativa opositora de que el partido tolera o se beneficia del crimen organizado (algo que ya se usó en campañas anteriores). Rocha Moya es cercano a AMLO desde 1998, por lo que el escándalo salpica al corazón del movimiento. Analistas lo llaman un “tiro al corazón de la 4T”.

 

·                     Presión sobre Claudia Sheinbaum: Está entre dos fuegos: la base morenista (nacionalista, que ve esto como injerencia de Donald Trump) y la relación bilateral (seguridad + revisión del T-MEC). Defender a Rocha Moya sin pruebas sólidas alimenta la percepción de protección; entregarlo generaría   fracturas internas en Morena.

·                     Oposición fortalecida: PAN y PRI lo usan para atacar con fuerza (“Morena es un cártel”). El PRI (Alito Moreno) pide cancelar el registro de Morena. Movimiento Ciudadano es más cauteloso, pero exige respeto al Estado de Derecho.

¿Cómo afecta las elecciones de 2027?  La de 2027 es una súper elección intermedia clave: renovación total de la Cámara de Diputados (500 escaños), 17 gubernaturas (incluyendo Sinaloa), miles de alcaldías y congresos locales, más posibles consultas. Es el primer gran test post-Sheinbaum.

 

·                     Disminución probable de intención de voto para Morena: Antes del escándalo, Morena lideraba con 34-46% en encuestas nacionales para diputados (PAN ~14-20%, MC y PRI más abajo del 10%).

·                     El caso erosiona especialmente entre votantes independientes y moderados preocupados por seguridad y corrupción.

·                     En Sinaloa (donde Morena dominaba las encuestas internas), ya se ve incertidumbre. No es un colapso inmediato, pero sí un desgaste total visible.

 

·                     ¿Favorece al PAN? Sí, en buena medida. El PAN es la oposición más estructurada y puede capitalizar como alternativa “anticorrupción y seguridad”.

 

·                     El PRI está muy dividido y debilitado (aunque Alito Moreno es agresivo). MC a veces aparece más pragmático o condescendiente con Morena, lo que le resta credibilidad como oposición pura.

 

·                     Una alianza PAN-PRI podría amplificar el golpe, pero el PAN ha dicho que competirá solo en muchos lados.

 

·                     Escenario más probable: Morena pierde algunos escaños en la Cámara de Diputados (posible pérdida de mayoría calificada o simple) y gubernaturas en estados sensibles a la inseguridad. No es un “tsunami” anti-Morena, pero sí un freno a la hegemonía absoluta.

¿Es el inicio del fin de la hegemonía de la 4T y de Sheinbaum? No es el fin, pero sí un acelerador de erosión.

La 4T tiene bases fuertes (programas sociales, lealtad ideológica, maquinaria electoral) y Sheinbaum mantiene aprobación relativamente alta. Escándalos similares no han tumbado al movimiento antes. Sin embargo:

·                     Si el gobierno lo maneja como “interferencia gringa” y “ataque a la soberanía” logra que la FGR archive o desmienta con solidez → el golpe se mitiga (aunque la percepción queda).

·                     Sin embargo, si Gobierno de EU, amplia la LISTAS de EXTRADITABLES, y aparecen más pruebas, testigos protegidos o casos en cadena → el daño se multiplica y puede fracturar a Morena internamente y de forma total.

·                     El contexto 2027 es clave: economía, violencia y percepción de seguridad pesarán más que un solo caso.

·                     Pero este escándalo refuerza la idea de que la 4T “no es diferente” en temas de impunidad.

En resumen, sí disminuye la intención de voto de Morena y favorece relativamente al PAN (sobre todo si la oposición se coordina mejor).

Es un golpe serio a la narrativa de la 4T, pero no marca automáticamente su “fin”. La política mexicana es resiliente y los próximos meses (evolución del caso, respuesta de Claudia Sheinbaum y campañas) definirán si es un tropiezo o el principio de un declive más profundo y fatal.

Todo depende de cómo se resuelva jurídicamente y de cómo lo capitalice cada actor.