Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.
La
columna publicada por Raymundo Riva Palacio el 15 de junio de 2026 sobre el
gobernador Alfonso Durazo constituye un interesante ejercicio de narrativa política,
aunque no necesariamente de rigor probatorio.
Al
leerla, surge una pregunta inevitable: ¿estamos ante una investigación
periodística sustentada en pruebas o ante una recopilación de sospechas,
insinuaciones, versiones de terceros y juicios personales acumulados durante
más de treinta años de vida política nacional?
La
pregunta es pertinente porque quien escribe no es un observador externo de la
historia reciente de México.
Raymundo
Riva Palacio formó parte de una generación de periodistas estrechamente
vinculada a las estructuras del poder político de finales del siglo XX.
Fue
Director General de Notimex 1988-1990 , durante el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari, uno de los sexenios más
polémicos de la historia contemporánea de México, marcado por profundas
reformas económicas, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por el
levantamiento zapatista y por una crisis política cuyas consecuencias aún
resienten las instituciones nacionales.
No se
menciona este antecedente para desacreditarlo, sino para recordar que nadie
escribe desde la neutralidad absoluta. Toda interpretación histórica tiene
contexto. Toda memoria tiene selección. Y toda selección tiene intención.
PRIMERA
OMISIÓN: EL CULIACANAZO NO FUE UNA DECISIÓN DE ALFONSO DURAZO.
La
columna presenta como una verdad indiscutible que Alfonso Durazo solicitó la
liberación de Ovidio Guzmán López y que ello constituiría evidencia de una
supuesta colaboración gubernamental con el Cártel de Sinaloa.
Sin
embargo, omite un hecho incontrovertible. Andrés Manuel López Obrador asumió
públicamente la responsabilidad política de aquella decisión. La justificó como
una medida destinada a evitar una masacre de civiles, militares y policías. Puede
discutirse si fue correcta o incorrecta. Puede criticarse políticamente.
Pero
convertir una decisión de Estado asumida públicamente por el Presidente de la
República en prueba de complicidad criminal constituye una inferencia política,
no una conclusión jurídica.
SEGUNDA
OMISIÓN: LAS ACUSACIONES PROCEDEN DE UNA ÉPOCA MARCADA POR GENARO GARCÍA LUNA.
Riva
Palacio revive el caso de Nahúm Acosta Lugo para sugerir una sombra permanente
sobre Alfonso Durazo.
Lo que no
explica es que aquella investigación se desarrolló bajo la influencia de los
aparatos de inteligencia y procuración de justicia que años después quedarían
gravemente cuestionados por la condena de Genaro García Luna en los Estados
Unidos.
Resulta
paradójico que expedientes construidos durante la era de García Luna sean
presentados hoy como referencias confiables, mientras se ignora que el
principal responsable de aquellas estructuras terminó condenado por colaborar
con organizaciones criminales.
Si las
sospechas bastaran para condenar, entonces la historia reciente de México
debería ser reescrita completa.
TERCERA
OMISIÓN: EL CASO COLOSIO.
Riva
Palacio ridiculiza a Alfonso Durazo llamándolo "la viuda más exitosa de
Colosio".
Pero
omite recordar que Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio
Murrieta y uno de los hombres más cercanos al candidato presidencial asesinado.
También
omite señalar que durante más de tres décadas las dudas sobre aquel magnicidio
no han desaparecido de la vida pública nacional.
Miles de
mexicanos, periodistas, investigadores, académicos y políticos han cuestionado
la versión oficial.
No fue
Alfonso Durazo quien creó esas dudas.
Las creó
la propia incapacidad del Estado mexicano para cerrar definitivamente uno de
los episodios más oscuros de la historia contemporánea.
CUARTA
OMISIÓN: EL SALINISMO Y SUS HERENCIAS.
Resulta
curioso que en una columna plagada de referencias históricas no aparezcan
cuestionamientos sobre el entorno político que gobernó México cuando ocurrieron
los acontecimientos más traumáticos de aquella época.
No
aparece una reflexión sobre las responsabilidades políticas derivadas del
asesinato de Colosio.
No
aparece una reflexión sobre la crisis de 1994.
No
aparece una reflexión sobre la concentración de poder político y mediático
característica de aquellos años.
Lo que sí
aparece es un intento de presentar a Alfonso Durazo como una figura central en
todos los episodios controvertidos de las últimas tres décadas.
Tal vez
porque resulta más cómodo personalizar la historia que explicar sus
complejidades.
QUINTA
OMISIÓN: LAS ACUSACIONES SIN PRUEBAS.
La
columna afirma que Alfonso Durazo llegó a la gubernatura de Sonora con
financiamiento del narcotráfico.
La
acusación es gravísima.
Por ello
mismo exige pruebas extraordinarias.
¿Existe
una sentencia judicial? . No.
¿Existe
una acusación formal presentada por una fiscalía mexicana?. No.
¿Existe
una acusación formal presentada por autoridades estadounidenses? . No se exhibe
ninguna.
¿Existe
una resolución judicial que acredite tales hechos?. Tampoco.
Entonces
lo que existe es una afirmación política presentada como si fuera una
conclusión jurídica. Y no son lo mismo.
SEXTA
OMISIÓN: EL DOBLE RASERO.
Durante
décadas, numerosos actores políticos mexicanos convivieron con estructuras de
poder posteriormente cuestionadas.
Funcionarios,
gobernadores, empresarios, líderes partidistas, mandos policiacos y operadores
políticos participaron en sistemas que posteriormente fueron señalados por
corrupción o por vínculos criminales.
Sin
embargo, la columna concentra toda la sospecha sobre una sola persona. La
historia de México es mucho más compleja. Si se va a juzgar el pasado, habría
que juzgarlo completo.
SÉPTIMA
OMISIÓN: LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
En una
democracia constitucional, la presunción de inocencia no es una concesión. Es
un derecho.
Ni
Alfonso Durazo ni cualquier otro servidor público deben quedar exentos del
escrutinio público.
Pero
tampoco pueden ser condenados mediante insinuaciones periodísticas. La crítica
es legítima. La investigación es necesaria. La fiscalización es indispensable.
Lo que
resulta incompatible con el periodismo responsable es sustituir las pruebas por
las sospechas y las sentencias por las inferencias.
Al final,
la pregunta sigue siendo la misma:
Después
de treinta años de señalamientos, sospechas y versiones, ¿dónde están las
pruebas judiciales que acrediten las acusaciones centrales formuladas contra
Alfonso Durazo?
Porque en
un Estado democrático la diferencia entre una sospecha y una verdad sigue
siendo la prueba.
Y esa
prueba, hasta ahora, no aparece en la columna de Raymundo Riva Palacio.
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