Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.
Por años, el sistema
político mexicano giró en torno a una paradoja: el partido más fuerte no era
necesariamente el más disciplinado, sino el que mejor administraba sus
conflictos internos. Hoy, esa tensión ha regresado con un nuevo rostro. El partido en el poder, Morena, enfrenta el
dilema clásico de toda fuerza predominante: cómo procesar la ambición sin
fracturarse en el intento.
El reciente llamado de
la presidenta Claudia Sheinbaum a que los funcionarios se abstengan de actos
anticipados de campaña —y, en su caso, renuncien— no debe leerse como un gesto
aislado de autoridad, sino como una señal de contención. No es una decisión
menor: es el reconocimiento implícito de que la competencia interna ha
comenzado antes de que existan reglas claras para encauzarla.
En sistemas de partido dominante,
el riesgo no proviene únicamente de la oposición, sino del exceso de viabilidad
interna. Cuando muchos pueden ganar, todos se mueven. Y cuando todos se mueven
al mismo tiempo, el orden político se vuelve frágil. La paradoja de Morena es
esa: su fortaleza electoral alimenta su vulnerabilidad organizativa.
El calendario agrava la
tensión. La concurrencia de elecciones federales y locales, sumada a la
renovación de gubernaturas, ha detonado una movilización anticipada que rebasa
los cauces formales.
Gobernadores como
Alfonso Durazo han replicado la línea presidencial no sólo por disciplina
política, sino por necesidad operativa: contener aspiraciones que ya se
expresan en territorio, estructura y narrativa.
Sin embargo, el
fenómeno de fondo no es institucional, sino político. La supuesta
“efervescencia ciudadana” es, en realidad, una reconfiguración de élites
locales que buscan posicionarse dentro de los partidos.
No estamos ante una
irrupción de candidaturas independientes ni ante una ciudadanía desbordando al
sistema; estamos ante actores profesionales de la política disputando espacios
en estructuras que siguen siendo el verdadero vehículo del poder.
Aquí radica otra
tensión: el sistema electoral mexicano permite la competencia abierta, pero la
práctica política sigue dependiendo de intermediarios partidistas.
De ahí que la oposición
—fragmentada entre Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional y Movimiento Ciudadano— no capitalice automáticamente el desgaste
del partido gobernante. La disputa central no es, todavía, entre bloques
ideológicos, sino al interior del propio oficialismo.
La instrucción de
frenar la promoción anticipada cumple, entonces, tres funciones simultáneas:
preservar la legalidad electoral frente al escrutinio del Instituto Nacional
Electoral, evitar sanciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y, sobre todo, administrar los tiempos de una competencia que
amenaza con desbordarse.
Pero hay un límite
estructural que ninguna directriz puede resolver del todo: la asimetría entre
quienes ejercen el poder desde cargos ejecutivos y quienes lo hacen desde
posiciones de representación popular.
Mientras los primeros
pueden ser compelidos a renunciar, los segundos operan en una zona gris donde
la visibilidad pública es parte inherente de su función. Esa desigualdad
introduce incentivos diferenciados que complejizan aún más el terreno de juego.
Morena no enfrenta, por
ahora, una crisis de legitimidad externa. Enfrenta algo más delicado: una
sobreoferta de futuro dentro de sus propias filas. Y en política, cuando el
futuro se reparte antes de tiempo, el presente se vuelve inestable.
La historia política
mexicana ofrece lecciones claras: los partidos dominantes no caen
necesariamente por la fuerza de sus adversarios, sino por la incapacidad de
ordenar su propia sucesión. Morena está entrando en esa fase crítica. No es el
fin de su hegemonía, pero sí el inicio de su prueba más compleja.
La pregunta no es si
podrá ganar elecciones —todo indica que seguirá siendo competitivo—, sino si
podrá hacerlo sin perder cohesión. Porque en política, como en la física, no es
la fuerza lo que define la estabilidad, sino la forma en que se distribuye.
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