Maestro Francisco Javier Aragón Salcido
Asunto: Las
imputaciones formuladas contra Alfonso Durazo por el diario Los Ángeles Times
Estimado Jorge Morales
Borbón: Resulta particularmente interesante e ilustrativa tu opinión sobre el
tema en comento, lo que me ha motivado a formular algunas observaciones breves
y circunstanciadas que, espero, contribuyan a enriquecer el análisis público
respecto de las imputaciones que el diario Los Ángeles Times ha
realizado en contra del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
Coincido contigo en un
aspecto fundamental: todas las personas que ejercen funciones públicas están
sujetas al escrutinio, la investigación y la crítica por parte de los medios de
comunicación. Frente a ello, les asiste el derecho —y en muchos casos la
obligación— de solicitar aclaraciones, precisiones, ejercer el derecho de
réplica y, en su caso, acudir ante las autoridades y tribunales competentes para
la defensa de su honor, privacidad e imagen pública.
En un Estado de
Derecho, nadie se encuentra por encima de la ley. Los cargos públicos no
confieren inmunidad moral ni política frente al cuestionamiento ciudadano. Por
ello, no todo puede resolverse mediante declaraciones mediáticas o discursos
políticos; con frecuencia es necesario acudir a las instancias jurídicas
correspondientes.
En consecuencia, no
basta con negar los señalamientos o descalificar a quienes los formulan. Tanto
quien acusa como quien niega debe aportar elementos de prueba. Cuando las
circunstancias lo ameritan, los asuntos deben litigarse. Así ocurre incluso en
las mejores familias.
Las fallas de la
estrategia actual.
Prima facie, y refiriéndome tanto
al apreciable amigo Alfonso Durazo como al exgobernador y actual senador Manlio
Fabio Beltrones Rivera, encuentro diferencias relevantes en la manera de
enfrentar este tipo de controversias.
Recuerdo que Beltrones
contó con un sólido equipo de juristas y asesores especializados, circunstancia
que parece no observarse con la misma intensidad en la actual administración
estatal.
Según declaró el propio
Beltrones en una entrevista concedida a Proyecto Puente en 2024, cuando fue
candidato al Senado, durante su gobierno (1991-1997) se implementaron acciones
específicas contra el crimen organizado y sus operadores en Sonora. Asimismo,
destacó la creación de un Comité Ciudadano encabezado por doña Josefina Del
Grande, que dio seguimiento permanente a esta problemática y cuyos resultados,
según afirmó, contribuyeron a evitar que Sonora recorriera el lamentable camino
que siguieron otras entidades federativas.
Más allá de la
valoración política que pueda hacerse de tales afirmaciones, existe un
antecedente relevante: cuando fue objeto de señalamientos publicados por el New
York Times, Beltrones ejerció mecanismos institucionales de defensa,
solicitó aclaraciones y promovió las acciones legales que consideró
pertinentes.
Eso es precisamente lo
que, en términos jurídicos, cabría esperar en una situación similar.
La expresión popular
"el que nada debe, nada teme" puede resultar útil en el terreno
discursivo, pero es insuficiente en el ámbito legal. La inocencia no sólo se
proclama; también se acredita mediante los procedimientos establecidos por la
ley.
Los antecedentes del
caso Beltrones.
Es de conocimiento
público que Beltrones presentó denuncias ante la entonces Procuraduría General
de la República, hoy Fiscalía General de la República. La autoridad abrió las
investigaciones correspondientes y, posteriormente, se documentó oficialmente
que en México ni en los Estados Unidos , existía acusación, proceso penal o
investigación alguna en su contra relacionada con los hechos difundidos.
Por otra parte,
desconocía —como tú lo señalas— la existencia de eventuales acciones promovidas
en los Estados Unidos contra el New York Times, contra los reporteros
involucrados o incluso contra alguna agencia gubernamental estadounidense.
Ignoro si tales procedimientos llegaron a existir y, en su caso, si fueron de
naturaleza civil o penal.
Lo que sí trascendió
públicamente fue la intervención diplomática del Estado mexicano. En aquel
entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores remitió una nota diplomática
al Departamento de Estado de los Estados Unidos, solicitando que se evitaran
filtraciones o declaraciones anónimas respecto de funcionarios mexicanos y que,
en caso de existir procedimientos legales, éstos se condujeran conforme a
derecho y por las vías institucionales correspondientes.
La diferencia con el
caso actual.
Hasta donde es posible
advertir, una actuación semejante no se ha observado en el caso que hoy
involucra al gobernador Alfonso Durazo.
No se conoce, al menos
públicamente, una acción diplomática similar por parte del Gobierno de México o
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desconozco las razones de esta
omisión, pero resulta evidente que la ausencia de una respuesta institucional
ha permitido que los señalamientos continúen circulando y afectando la imagen
pública no sólo de gobernadores y alcaldes, sino particularmente de diversos
funcionarios vinculados al partido Morena.
Desde una perspectiva
estrictamente jurídica, parecería que el asunto no ha sido atendido de manera
adecuada. En lugar de privilegiar los mecanismos legales e institucionales, se
ha optado principalmente por la respuesta política y retórica.
Una reflexión final.
Lo anterior me lleva a
suponer —y subrayo que se trata únicamente de una hipótesis— que actualmente no
existiría una acción penal formal en los Estados Unidos contra el gobernador
Alfonso Durazo.
Es posible que los
reporteros de Los Ángeles Times hayan construido sus afirmaciones a
partir de indicios, testimonios indirectos o presunciones derivadas de procesos
judiciales seguidos contra narcotraficantes extraditados. En términos
jurídicos, estaríamos hablando de elementos indiciarios o presunciones juris
tantum, es decir, susceptibles de ser desvirtuadas mediante prueba en
contrario.
Sin embargo, también es
cierto que, hasta ahora, la respuesta jurídica del gobernador ha sido limitada.
Más allá de negar categóricamente los hechos y sostener un discurso de carácter
moral o político, no se conocen acciones legales de fondo orientadas a
desmontar formalmente las imputaciones.
Esa ausencia de una
estrategia jurídica integral ha permitido que se consolide una narrativa
adversa a su imagen pública. Lo preocupante es que dicha narrativa comienza a
adquirir las características de una auténtica leyenda negra y, de manera
particularmente lamentable, ha terminado por alcanzar incluso a miembros de su
familia, quienes no tendrían por qué verse involucrados en este tipo de
controversias públicas.
En cualquier caso, más
allá de simpatías o diferencias políticas, los hechos aconsejan privilegiar
siempre el camino institucional: aclarar, documentar, probar y, cuando sea
necesario, litigar.
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