Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.
La conferencia de
prensa ofrecida por el gobernador Alfonso Durazo el 2 de junio de 2026, en
respuesta a los supuestos cuestionamientos formulados por el senador Manlio
Fabio Beltrones sobre la situación de seguridad en Sonora, constituye un
ejercicio político digno de análisis no sólo por su contenido, sino también por
la estrategia discursiva empleada.
Más que una respuesta
técnica a las observaciones planteadas por el legislador sonorense, la
intervención del mandatario estatal derivó en una revisión histórica de
administraciones anteriores, acompañada de señalamientos políticos y
valoraciones morales sobre actores del pasado. Sin embargo, al examinar
cuidadosamente los argumentos expuestos, surge una interrogante fundamental:
¿respondió realmente Durazo a lo que dijo Beltrones?.
La respuesta parece ser
negativa.
EL ARGUMENTO QUE NUNCA
EXISTIÓ.
El punto central de la
crítica formulada por Manlio Fabio Beltrones fue relativamente sencillo: la
conducción de la seguridad pública en Sonora fue transferida gradualmente a
instancias federales y militares, reduciendo la capacidad de decisión y
operación de las autoridades estatales y municipales.
En ningún momento, al
menos en las declaraciones conocidas públicamente, el senador Beltrones centró
sus observaciones en Alfonso Durazo como persona ni responsabilizó
exclusivamente a Claudia Pavlovich por la crisis de inseguridad. Su
planteamiento fue institucional y estructural: cuestionó el modelo de seguridad
adoptado durante los últimos 10 años.
Sin embargo, la respuesta
del gobernador pareció orientarse hacia otro terreno.
Alfonso Durazo
construyó una defensa basada en dos elementos: primero, argumentación AD
HOMINEM, desacreditar moralmente a su interlocutor; segundo, presentar
estadísticas históricas de homicidios para demostrar que el problema proviene
de administraciones anteriores.
Pero ninguno de esos
argumentos responde directamente al planteamiento original.
Se trata de una técnica
política conocida: sustituir el debate de fondo por una confrontación sobre
antecedentes históricos o responsabilidades acumuladas.
LA AUTORIDAD MORAL COMO
ARGUMENTO POLÍTICO.
Una de las frases más
llamativas de la conferencia fue cuando el gobernador afirmó:
“Muy difícilmente se
puede tener autoridad moral para hablar del tema de seguridad cuando en tu
propio gobierno no diste los mejores resultados”.
El problema de esta
afirmación es que desplaza la discusión desde los resultados actuales hacia las
credenciales del crítico.
En una democracia, la
validez de una observación no depende necesariamente del historial de quien la
formula, sino de la consistencia de los hechos que presenta.
Bajo esa lógica,
incluso un exgobernador con errores o insuficiencias en su gestión conserva el
derecho —y en muchos casos la obligación— de señalar problemas públicos cuando
considera que éstos persisten.
La seguridad pública no
es un tema que deba resolverse mediante concursos de autoridad moral, sino mediante
diagnósticos objetivos y resultados verificables.
LAS CIFRAS:
¿EXPLICACIÓN O JUSTIFICACIÓN?.
El gobernador presentó
una serie de gráficas sobre homicidios dolosos que abarcan desde 1991 hasta
2026, señalando aumentos o disminuciones durante distintos sexenios.
Las estadísticas son
herramientas indispensables para comprender fenómenos complejos, pero también
pueden utilizarse de forma selectiva.
La disminución de
homicidios registrada durante la administración de Durazo es un dato relevante
y merece ser reconocido si efectivamente se sostiene en las cifras oficiales.
Sin embargo, una reducción porcentual no necesariamente implica que el problema
esté resuelto ni elimina la percepción de inseguridad existente en amplias
regiones del estado.
Además, comparar
gobiernos separados por décadas presenta limitaciones evidentes.
El Sonora de principios
de los años noventa no enfrentaba la misma realidad criminal que el Sonora
contemporáneo. La expansión del crimen organizado transnacional, el tráfico de
fentanilo, las disputas territoriales entre grupos criminales y la
sofisticación de las redes delictivas configuran un escenario radicalmente
distinto.
Por ello, las
comparaciones históricas son útiles para contextualizar, pero insuficientes
para explicar la situación actual.
EL RIESGO DE GOBERNAR
MIRANDO HACIA ATRÁS.
Una característica
recurrente de muchos gobiernos de MORENA es atribuir los problemas presentes a
decisiones tomadas por administraciones anteriores.
Hasta cierto punto,
ello es legítimo: los fenómenos de inseguridad suelen ser acumulativos y
trascienden periodos gubernamentales.
No obstante, cuando un
gobierno se encuentra en la segunda mitad de su mandato, la ciudadanía comienza
a exigir explicaciones sobre el presente más que interpretaciones del pasado.
Después de casi cinco
años de gestión, la pregunta relevante para los sonorenses no es únicamente
quién inició el problema, sino quién tiene hoy la responsabilidad
constitucional de resolverlo.
La historia puede
explicar los orígenes de una crisis, pero no sustituye las obligaciones del
gobernante en funciones.
BELTRONES Y DURAZO: DOS
NARRATIVAS EN DISPUTA.
Lo ocurrido refleja
algo más profundo que una simple diferencia de opiniones sobre seguridad.
Representa la
confrontación entre dos narrativas políticas.
Por un lado, Alfonso Durazo
sostiene que la militarización de la seguridad y la coordinación con el
Gobierno Federal han producido resultados positivos medibles.
Por otro, Manlio Fabio Beltrones
advierte sobre los riesgos de haber debilitado las capacidades locales y
estatales para enfrentar la delincuencia.
Ambas posiciones
merecen ser discutidas con seriedad.
Lo preocupante es que
el debate termine reduciéndose a intercambios de responsabilidades históricas,
cuando el verdadero interés público consiste en evaluar qué estrategia ofrece
mejores resultados para proteger a los ciudadanos.
CONCLUSIÓN.
La respuesta del
gobernador Alfonso Durazo exhibe una paradoja política.
Mientras intenta
demostrar que la inseguridad es una herencia acumulada durante décadas, termina
confirmando precisamente uno de los argumentos centrales de sus críticos: que
el problema sigue siendo estructural y está lejos de resolverse definitivamente.
Las cifras pueden
mostrar avances; los discursos pueden señalar culpables; las conferencias
pueden construir narrativas.
Pero para los
ciudadanos de Sonora la pregunta sigue siendo la misma: ¿se sienten hoy más
seguros que ayer ?.
Esa es la única
estadística que, al final del día, termina definiendo el juicio de la historia
sobre cualquier gobierno.
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