Maestro Francisco Javier Aragón Salcido.
La sucesión de Morena
en Sonora debe leerse menos como una competencia interna y más como un problema
de administración del poder. Ése es el dato central. Lo que está en marcha no
es una contienda abierta para identificar al perfil más competitivo, sino un
procedimiento de control orientado a producir una candidatura funcional a la
continuidad del grupo gobernante, minimizando fracturas internas, conteniendo
aspiraciones desbordadas y preservando la capacidad de decisión del centro.
Visto así, el proceso
no es excepcional: Morena está replicando, a escala estatal, el método que
utilizó en la sucesión presidencial de 2024. Entonces se registraron Claudia
Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Adán
Augusto López; formalmente hubo encuesta, recorridos y reglas;
políticamente hubo una decisión administrada desde arriba.
La enseñanza de aquel
episodio sigue siendo válida: en Morena la encuesta existe, pero no sustituye a
la política vertical. Sirve para ordenar, dosificar y legitimar una decisión
cuyo criterio principal no es la competencia abierta, sino la continuidad del
proyecto y la estabilidad del mando.
Sonora está entrando a
ese mismo libreto. Formalmente, el proceso electoral ordinario 2026-2027
arrancará en la primera semana de octubre de 2026; el registro constitucional
de candidaturas a la gubernatura ocurrirá hasta marzo de 2027; y las
precampañas deberán desarrollarse en enero y febrero.
Sin embargo, Morena
decidió adelantarse y emitir su convocatoria interna para las gubernaturas de
2027, fijando para Sonora el registro de aspirantes el viernes 26 de junio de
2026, bajo la figura de las “Coordinaciones Estatales para la Defensa de la
4T y la Soberanía Nacional”.
La relevancia de esa
figura no es jurídica, sino política. El futuro coordinador o coordinadora no
será un simple dirigente partidista: será, en los hechos, un precandidato con
ventajas de candidato, pero sin las restricciones formales del candidato.
Tendrá exposición, capacidad de recorrer el estado, posibilidad de articular
estructuras, fijar agenda, construir relato y ordenar adhesiones sin asumir
todavía el costo legal de una campaña. En términos estratégicos, Morena busca
construir una candidatura temprana sin llamarla candidatura.
El problema es que ese
diseño, que parece una ventaja, también entraña un riesgo. Una cosa es ungir a
un coordinador; otra, sostenerlo durante seis o siete meses en una zona gris,
antes del registro formal de candidaturas. En ese lapso, la figura seleccionada
no sólo acumulará exposición y desgaste; también empezará a absorber, sin
mediaciones, el balance del gobierno saliente.
Y allí aparece el
verdadero dilema de Morena en Sonora: la sucesión no se resolverá sólo por
la fuerza de su aparato, sino por el costo político de la continuidad.
En esa ecuación el
actor clave es Alfonso Durazo Montaño. No únicamente por ser gobernador
del estado, sino porque además preside el Consejo Político Nacional de Morena.
Es decir, combina poder territorial, capacidad de arbitraje interno y conexión
orgánica con la dirección nacional del partido. Durazo abrió de hecho la
sucesión local en marzo del año pasado al destapar a Adolfo Salazar, Froylan
Gámez, Célida López, Lorenia Valles, Javier Lamarque, Heriberto Aguilar y María
Dolores del Río. El gesto no fue protocolario: delimitó el perímetro de los
aspirantes permitidos y, con ello, definió que la disputa se daría dentro de un
universo previamente autorizado por el poder.
Sin embargo, el
episodio políticamente más revelador no fue el destape original, sino lo que
ocurrió después con Javier Lamarque. En una Mañanera del Pueblo,
la presidenta Claudia Sheinbaum lo elogió y lo invitó al templete
durante una gira por el sur del estado. Más tarde, Alfonso Durazo dijo
que Lamarque era “un magnífico elemento” y que, si lo veían en la boleta, lo
apoyaran. El mensaje fue leído como un anticipo del desenlace. Lamarque actuó
en consecuencia: anunció que pediría licencia a principios de junio.
Pero allí se produjo la
corrección desde la Ciudad de México. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena
intervino para frenar la aceleración, devolver a los demás aspirantes una
apariencia de piso parejo y reordenar el proceso al ritmo del centro. El
registro, se informó, sería hasta el 26 de junio. Esa rectificación vale más
que muchos discursos porque exhibe la estructura real de mando: la candidatura
de Morena en Sonora no se decidirá ni en Cajeme ni exclusivamente en
Hermosillo; se decidirá en la interacción entre el poder local y el centro
nacional, con predominio de este último cuando sea necesario.
Esa secuencia permite
extraer tres conclusiones estratégicas.
La primera es que Javier
Lamarque no aparece, al menos hasta ahora, como un candidato de expansión,
sino como un candidato de aparato. Es decir, como un perfil útil para ordenar
lealtades internas, garantizar continuidad y mantener cohesionado al
oficialismo, pero no necesariamente como la opción más eficaz para ampliar la
coalición electoral de Morena más allá de su base dura. Esa distinción importa.
Un candidato de aparato sirve para ganar la interna; un candidato de expansión
sirve para reducir negativos, disputar el centro político, contener el voto de
castigo y atraer electores no orgánicos. Morena tendrá que decidir cuál de los
dos problemas quiere resolver primero: el de la disciplina interna o el de la
competitividad externa.
La segunda conclusión
es que Alfonso Durazo no tiene control irrestricto sobre la sucesión,
pese a su peso político. Puede influir, ordenar, abrir y cerrar compuertas,
pero no puede imponer sin negociación con el centro. La corrección a Lamarque
demuestra que incluso un gobernador con posición nacional relevante sigue
operando dentro de una cadena de mando donde la decisión última no depende sólo
de la voluntad local.
La tercera conclusión
es la más delicada para Morena: la candidatura de 2027 será evaluada como
vehículo de continuidad del Duracismo, no sólo como representación de la marca
4T. Eso modifica toda la lógica de la sucesión. La pregunta ya no es
únicamente quién puede ganar la encuesta interna, sino quién está en
condiciones de cargar con el balance del sexenio sin hundirse con él.
Y ése es el punto
crítico. Morena llega a la sucesión con activos importantes: 72 comités
municipales, alrededor de 1,600 comités seccionales, unos 200 mil afiliados y los
más de 500 mil beneficiarios de los programas del bienestar federal y estatal.
Tiene capacidad de
movilización, defensa del voto, presencia territorial y disciplina
organizativa. En una elección competida, ese aparato vale mucho. Pero en
política electoral el aparato no flota en el vacío: se monta sobre un gobierno,
y el gobierno de Durazo ya no es una promesa, sino un expediente abierto.
Ese expediente incluye
un conjunto de obras anunciadas, proyectadas, en proceso o inconclusas que
pesarán en la narrativa opositora y en la evaluación ciudadana: la Planta
Fotovoltaica de Puerto Peñasco; los cuatro carriles a Sonoita; el tren
fantasma de Nogales; la planta de licuefacción de Puerto Libertad;
los cuatro carriles a Bahía de Kino; la carretera Imuris-Cananea;
la modernización del puerto de Guaymas y la carretera a Chihuahua; los malecones;
el Bosque Urbano La Sauceda; el plan hídrico; además de otras
obras anunciadas con amplitud, pero no iniciadas o no concluidas con la
eficacia prometida.
El problema no es sólo
administrativo; es político. En 2027 Morena ya no podrá pedir un voto de
expectativa, sino una ratificación de resultados. Y una ratificación obliga a
defender no el relato, sino el desempeño. Allí es donde la continuidad se
vuelve un arma de doble filo: la marca Morena puede seguir siendo competitiva,
pero su candidato o candidata cargará inevitablemente con la evaluación del
gobierno estatal. Si el balance de Durazo se percibe como incompleto, lento o que
se quedó en promesas, esa percepción no se quedará en Palacio de Gobierno; se
trasladará a la boleta.
Por eso el dilema de
Morena no es menor. Si opta por un perfil demasiado identificado con la
continuidad pura y dura del Duracismo, maximiza la cohesión interna, pero
también concentra sobre la candidatura el desgaste del sexenio. Si, en cambio,
se inclina por un perfil de LORENIA VALLES,
con mayor autonomía, interlocución social y margen de corrección, entonces gana
competitividad externa, pero envía una señal implícita de que la continuidad no
era tan virtuosa como se afirmaba. En ambos escenarios hay costos. La
diferencia es dónde se deciden: si dentro del partido o frente al electorado.
A eso se suma un
problema narrativo. Morena ha decidido envolver la sucesión en la consigna de
la “Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional”. Como consigna partidista
puede servir para ordenar a la militancia; como narrativa de campaña estatal es
mucho menos evidente. Sonora no elegirá en 2027 a un custodio ceremonial del
discurso presidencial, sino a un gobernador o gobernadora con responsabilidades
concretas en seguridad, agua, salud, infraestructura, empleo, inversión y
desarrollo regional. La pregunta, entonces, es si la apelación a la soberanía
nacional funcionará como una plataforma de gobierno o como un recurso
discursivo para desplazar la conversación lejos del balance estatal.
En términos de
coyuntura, Morena parece apostar a que su fortaleza organizativa y el arrastre
de la marca 4T compensarán el desgaste del gobierno local. Es una apuesta
racional, pero no exenta de riesgo. Funciona si la oposición llega fragmentada,
si no logra fijar un contraste creíble y si el costo del Duracismo se mantiene
por debajo del umbral de castigo electoral. Deja de funcionar si la elección se
convierte en un referéndum sobre resultados, obras incumplidas, centralización
de decisiones y fatiga de gobierno.
Ésa es la razón por la
cual la sucesión sonorense luce, desde ahora, deslucida, inicua y predecible.
Deslucida, porque no ofrece una competencia sustantiva entre proyectos, sino
una administración vertical de aspiraciones. Inicua, porque el supuesto “piso
parejo” convive con señales, vetos, correcciones y preferencias que vuelven imposible
hablar de igualdad genuina entre contendientes. Y predecible, porque el método
no está diseñado para descubrir al perfil más competitivo hacia afuera, sino
para seleccionar al más funcional hacia adentro.
Pero la vulnerabilidad
principal de Morena no está en el método, sino en el costo de su propia
continuidad. Durazo puede ordenar la baraja, contener aspirantes, repartir
señales y planchar la candidatura. Lo que no puede hacer es sacar de la boleta
el balance de su gobierno. Y ése será el dato decisivo de 2027.
La elección no se
resolverá únicamente en la encuesta interna de Morena, sino en una pregunta más
elemental y más dura: si el electorado sonorense considera que vale la pena
extender un sexenio que prometió transformación y llegará a la sucesión
cargando pendientes, obras inconclusas y un desgaste que el aparato no
necesariamente puede neutralizar.
En síntesis: Morena
enfrenta en Sonora un problema menos de nominación que de herencia. Su desafío
no consiste sólo en escoger candidato, sino en decidir quién está dispuesto
—y quién está en condiciones— de cargar con el costo político de continuar el
gobierno de Alfonso Durazo.
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