A muchos sonorenses nos interesa la trasparencia y equidad, la cual se deriva del derecho al hecho o a la información, y de libertad de expresión , y estas son garantías individuales protegidas por los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución, urge saber ahora mismo en que consisten las 190 observaciones de los tres primeros meses del gobernador GPE, ya sabemos que fueron 60 de EBC para 9 meses de 2009. Muchos medios, periodistas y ciudadanos desean saber en que consisten las nuevas observaciones , y más aún después de los apresurados, y generosos autopréstamos de los señores secretarios del Nuevo Sonora, pues ha surgido un inaudito e inefable “sospechosísmo”, luego que se nos hicieron ver , los prestamos fast trac , por el ISAF y el Congreso del Estado . ¿ Acaso habrá más cosas negativas?.
Don Quijote cabalga de nuevo.
Justo es recordar que todo este galimatías se deriva o es la natural consecuencia y replica de los priistas, a una serie de hechos ilícitos que presuntamente les fueron atribuidos por parte de los funcionarios panistas del gobierno del Nuevo Sonora 2009-2015, lo cual ya en octubre de 2009, -fue toda una noticia que derivó en un mero juego de palabras - en voz del titular de SIDUE, José Inés Palafox y del Secretario de Hacienda Alejandro López Caballero. Se sentían los más impolutos protectores de la patria chica nuestra .
Así que los nuevos secretarios insistían en un supuesto déficit de 1400 millones del Plan Sonora Proyecta , y que había además 170 millones faltantes en tesorería, también innumeras facturas apócrifas, gastos inflados, un desastre administrativo y contable , una nomina abultada , que fue lo que encontraron a las resultas y de una revisión somera; siendo todo ello corroborado por el Secretario de la Contraloría Carlos Tapia Aztiazaran.
Por su parte un fogueado líder del PRI , fue secretario de la contraloría y de gobierno, el diputado Roberto Ruibal A. , el 14 de septiembre de 2010, que fuera por cierto el día más infausto para el líder de la bancada del PAN, el diputado Enrique Reina Lizarraga, aquel –su par- antes le previno , cuando le entregó el folder con la información preliminar razonada del ISAF sobre la Cuenta Publica 2009 , pero éste no entendió el mensaje de que habría más y todavía mejor información confidencial o hasta comprometedora , y que de seguir acusando sin razón o declarando sin motivo , se la iban a sacar y pues como todo Sonora y México se enteró, los priistas exhibieron en vivo y a todo color, en el Congreso, me refiero a los panistas y al Nuevo Sonora.
Es de antología la pública denuncia de la presunta comisión de actos ilícitos graves, como lo es el Peculado, artículo 186 del Código Penal del Estado de Sonora, que incluso es perseguible de oficio, hechas por el PRI en el Congreso del Estado, por tanto digna del mejor juicio penal, completo , expedito e imparcial que se haya visto.
Por si no lo sabían, se integran más o menos como cerca de 2000 Averiguaciones Previas por año en la PGJESON, se denuncian o querellan como unas 3000 personas , se archivan casi 1000 por falta de elementos para procesar; no seamos displicentes, tímidos, y menos solapemos la impunidad, sean o no Secretarios del Nuevo Sonora , una o diez Indagatorias más , no pintan. Pero si se procede en contra de estos funcionarios, se establece un sano precedente, mismo que implica un previo procedimiento de procedencia en el Congreso del Estado , para determinar si acaso la hay, algún tipo de responsabilidad, sea administrativa, penal o política.
Las pruebas, evidencias, o vestigios inocultables de la supuesta trasgresión a la ley , lo constituye la denuncia hecha por el diputado Ulises Christopulos Ríos del PRI, relativa a la existencia de unos cheques –presuntos prestamos personales que podrían tipificar el delito de Peculado- expedidos o librados a nombre del secretario de Sidue, José Inés Palafox, por un monto de 517 mil 200 pesos; Seguridad Pública Ernesto Munrro Palacios, por la cantidad de 638 mil 300 pesos; Secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, con 918 mil 900 pesos; Sagarpha, Héctor Ortiz Ciscomani, con un cheque a su favor de 743 mil 220; Secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, por 715 mil 022 pesos; Desarrollo Social Javier Neblina, por 699 mil 640 pesos y al Secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón se le extendió un cheque por 591, 013 pesos.
Nada más para que se ilustren del significado y trascendencia de lo que se hizo, dijo y probó , por los priistas en el Congreso del Estado el día 14 de septiembre de 2010. Si alguien como el Sr. Diputado Enrique Reina Lizarraga , ignora la Ley , el hecho no excusa su cumplimiento, esto se lee en el artículo 22 del Código Civil del Estado de Sonora . Bueno pero también puede ser posible que los diputados del PRI, abusando de sus fueros e inmunidades, dentro de ese Poder Legislativo , Soberano, hayan faltado a la verdad. Empero no se les ha desmentido por nadie del gobierno del Estado. Han observado un silencio sepulcral.
Todos saben que el Congreso del Estado es un Poder autónomo y que de él depende el Instituto Superior Auditoria Fiscalización ( ISAF) es el órgano que audita , fiscaliza, y acusa a los funcionarios públicos .
Nada más que ahora hay si hay causa, simplemente por salud pública hay que denunciarlo. Los funcionarios del Nuevo Sonora no deben ser victimas propiciatorias, de presuntos y ulteriores chantajes, hay que resguardarlos , sólo faltan las imputaciones formales del ISAF, y la Comisión de Vigilancia del Congreso, las evidencias ahí están. Digamos no a la impunidad, que se aclare, pero tambien sí a la decencia.
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